La rotonda de «La Gaviota» se convirtió en el epicentro de la furia de los camioneros locales. Rechazan la obligatoriedad de emitir una guía electrónica por cada viaje cargado, una exigencia del Ministerio de Transporte que vacía los bolsillos del sector con más tasas y traba el trabajo diario.
El rugido de los motores diésel moderando a los costados de la ruta y las filas kilométricas de acoplados parados sobre el asfalto rompieron la rutina del acceso sur a la ciudad de Salto. No se trata de un corte imprevisto, sino del estallido de un sector productivo que se siente asfixiado por el papeleo estatal. Los camioneros decidieron plantarse firmes en la emblemática zona de «La Gaviota», bloqueando parcialmente la circulación en señal de guerra abierta contra la última ocurrencia administrativa del Poder Ejecutivo.
En las estaciones de servicio de la zona, en los paradores donde los choferes toman el termo y el mate, y en las frecuencias de radio de banda ciudadana, el enojo se palpa desde hace semanas. La gota que desbordó el vaso fue el decreto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que obliga a implementar guías electrónicas para cada bendito flete. Para los trabajadores de las rutas, la medida es un golpe de gracia disimulado bajo el discurso de la modernización tecnológica.
El piquete salteño es solo el reflejo de un malestar generalizado que replicó la misma postal de protesta en diferentes nodos estratégicos de las rutas nacionales, congelando el movimiento logístico en un país que ya padece costos de flete prohibitivos para competir en la región.
Más escritorios, menos rutas: el laberinto digital que paraliza los fletes
La implementación obligatoria de este documento digital obliga a los transportistas a completar formularios en línea antes de encender el motor para trasladar desde un viaje de ganado hasta unas toneladas de granos o citrus. Los huelguistas instalados en el acceso sur salteño afirman que la medida denota un desconocimiento total de la realidad del interior profundo, donde la conectividad celular en los caminos vecinales y los establecimientos rurales es nula o deficiente.
El paro de transportistas de carga en Uruguay apunta directamente al corazón de la burocracia montevideana. Obligar a un chofer a lidiar con una aplicación celular colgada o esperar la validación de un código estatal en medio del campo solo genera demoras logísticas absurdas que terminan pagando los productores y los consumidores finales.
Los camioneros que pasaron la jornada a la intemperie sostienen que el sistema actual ya cuenta con suficientes mecanismos de fiscalización. Introducir un nuevo peaje digital no tiene como fin la transparencia, sino la voracidad de seguir rascando el fondo del tarro en un sector que ya no soporta la presión del gasoil y los peajes.
Asfixia impositiva y la amenaza de un paro generalizado
El negocio del transporte de carga en Uruguay trabaja al límite de la rentabilidad desde hace años. La combinación de patentes caras, aportes patronales rígidos, seguros obligatorios elevados y el combustible más caro de América Latina configuraron un escenario donde sostener un camión en regla es una odisea financiera para las pequeñas empresas familiares.
Desde la cabina de un camión Scania estacionado a la entrada de Salto, un transportista con tres décadas de ruta resumía la bronca: el Estado se convirtió en un socio que no arriesga un peso pero exige cobrar primero, trancando el camión si la burocracia digital no se procesa a tiempo.
Los delegados del movimiento advirtieron que esta movilización en «La Gaviota» es el primer aviso de una escalada mayor. Si las jerarquías del MTOP en Montevideo no dan marcha atrás con la obligatoriedad de las guías electrónicas o abren una mesa de negociación real para recortar los costos fijos, las gremiales de transportistas evalúan decretar un paro por tiempo indeterminado, lo que podría generar problemas de desabastecimiento en las cadenas de supermercados y en las plantas agroindustriales de todo el territorio nacional uruguayo.
