No hace falta ser un especialista en balística para entender que algo no cierra en Uruguay. En los últimos años, la cantidad de casquillos que la Policía levanta en cada escena de crimen en Montevideo y el área metropolitana es un número que asusta. Sin embargo, mientras el debate público se centraba en si había más patrulleros o si las penas eran cortas, el mercado de municiones operaba con una ligereza pasmosa.
Hasta hoy, comprar una caja de balas en algunos comercios era poco menos que un trámite de almacén de barrio. Esta semana, la voz oficial finalmente admitió lo que cualquier comisario de seccional venía mascullando en voz baja: hay un agujero negro en el sistema. El control es, en el mejor de los casos, deficiente.
El mercado paralelo que el Estado no vio
El reconocimiento llega tarde, casi como un eco de las balaceras que ya se volvieron parte del paisaje cotidiano en barrios como Marconi o Casavalle. La falta de un registro estricto sobre quién compra qué, y para qué lo usa, ha permitido que el mercado formal de municiones se convierta, indirectamente, en el principal proveedor del mercado negro.
¿Cómo llegaban miles de proyectiles a manos de adolescentes que no tienen ni permiso de tenencia de armas? La respuesta está en la estantería de armerías que, bajo la excusa de la venta legal, alimentaban un sistema de goteo constante hacia las organizaciones criminales. Es un circuito que, hasta ahora, el Estado miró con una ceguera difícil de justificar.
Medidas de apuro ante la urgencia
El anuncio de nuevas medidas regulatorias tiene gusto a «bombero»: se apaga el fuego cuando la casa ya tiene los cimientos chamuscados. La idea es endurecer los controles, cruzar datos de compradores con bases de antecedentes y limitar la cantidad de munición que puede adquirir un civil.
Pero en la calle, el escepticismo es moneda corriente. Un vecino de un barrio periférico lo resume con crudeza: «Las balas ya están en la calle, no las vas a sacar con un decreto». Y tiene razón. El problema no es solo la venta futura, es la capacidad que tendrá el Ministerio del Interior para auditar el stock que ya está disperso, oculto en cajas de zapatos bajo camas o en los cargadores de quienes hoy imponen su ley a los tiros.
La responsabilidad política detrás del gatillo
Es fácil apuntar contra el delincuente que aprieta el gatillo. Pero el trasfondo de esta historia es una falla de gestión. Durante años, se permitió que el control de municiones fuera un tema administrativo menor, cuando en realidad se trataba de una cuestión de seguridad nacional. La confesión de que falta un control riguroso no es un dato menor; es la validación de que el Estado, en algún punto, le dio vía libre a la violencia al no fiscalizar la materia prima de la muerte.
Ahora, la pregunta es si estas medidas serán parte de una política de seguridad integral o si simplemente terminarán siendo otra disposición archivada en un cajón. La sociedad uruguaya, cansada de contar muertos y de ver cómo las noticias policiales ocupan la mayor parte del noticiero, espera algo más que una admisión de culpa. Necesita resultados.
Una herida abierta
La inseguridad no se resuelve solo con leyes, pero la falta de ellas fue el terreno fértil para que el caos creciera. Admitir la falla es el primer paso, sí, pero es un paso que llega cargado de frustración. En cada cuadra donde hoy se escuchan estruendos, el vecino sabe que esa bala no apareció de la nada. Apareció gracias a un sistema que permitió que cualquiera, con un poco de dinero, pudiera comprarse una caja de proyectiles.
Ahora que el control de municiones está bajo el foco, la lupa también debe caer sobre quienes permitieron que este descontrol fuera la norma. Porque en política, como en la calle, la omisión también es una forma de complicidad. Y mientras el Ministerio del Interior ajusta los tornillos de la regulación, en las barriadas donde se respira pólvora, el tiempo sigue corriendo en contra de los que solo quieren vivir en paz.