El naufragio de la equidad sanitaria
Lo que alguna vez fue el baluarte del cooperativismo médico hoy se ha convertido en un agujero negro financiero que sobrevive gracias a la respiración artificial proporcionada por ASSE. No estamos ante una simple crisis de gestión; estamos ante una presunta red de convenios dirigidos que distorsionan la competencia y burlan los principios de transparencia del Sistema Nacional Integrado de Salud. Mientras otras mutualistas ajustan sus cinturones para cumplir con las exigencias fiscales, el CASMU parece gozar de un «pasaporte VIP» hacia las arcas públicas, amparado en una lógica de complementación que, en la práctica, huele a discrecionalidad política.
La intervención estatal iniciada en 2024 no ha servido para sanear las cuentas, sino para profundizar las dudas. Bajo la actual conducción de Domingo Beltramelli, la institución no solo arrastra un déficit que espanta a cualquier auditoría seria, sino que ha iniciado una «limpieza» interna que recuerda a los métodos más oscuros del autoritarismo corporativo. Médicos y empresas con décadas de servicio están siendo desplazados sin marco jurídico, rompiendo contratos de forma violenta para abrir paso a una nueva red de intereses que nadie se atreve a explicar.
El millonario Escándalo en CASMU y el rol cómplice de ASSE
La gravedad del asunto radica en cómo la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ha pasado de ser un regulador a un financista selectivo. Se han detectado transferencias de miles de dólares mensuales bajo la fachada de convenios por cuidados críticos e intermedios que, casualmente, favorecen al CASMU y al Círculo Católico, desplazando a otros prestadores de forma arbitraria. ¿Bajo qué criterio técnico se entregan estos montos? ¿Por qué se eligen estas instituciones mientras el resto del sistema observa cómo las reglas del juego se inclinan siempre hacia el mismo lado?
Este escenario de favoritismo no solo afecta las finanzas públicas, sino que hiere de muerte la confianza de los usuarios. Cuando el vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, pregona la solidez del sistema público, omite mencionar que esa supuesta fortaleza se utiliza para apuntalar instituciones privadas al borde de la quiebra que, por su peso político, parecen «demasiado grandes para caer». Esta política preferencial no evita un colapso sistémico; simplemente lo posterga a costa de la equidad que debería regir para todas las mutualistas por igual.
Purgas internas y terror corporativo
Dentro del CASMU, la situación es de asedio. La dirección actual ha emprendido una purga de profesionales y proveedores históricos. Se habla de una reestructura que no busca eficiencia, sino el control total de la caja y la eliminación de cualquier voz disidente. La falta de transparencia en estas desvinculaciones y el desplazamiento de empresas de servicios sin justificación legal sólida plantean una interrogante inquietante: ¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de estos contratos? La opacidad es la norma en una institución que se financia con el dinero de todos los uruguayos.
Domingo Beltramelli y las suspicacias de la dirigencia
La figura de Domingo Beltramelli queda bajo la lupa no solo por la herencia recibida, sino por su rol actual. Se cuestiona cómo una cúpula médica que en gran medida no ejerce dentro de la institución puede dirigir los destinos de miles de trabajadores y pacientes con semejante nivel de desapego por las formas jurídicas. Las suspicacias sobre el sector de médicos que dirigen pero no trabajan en el CASMU alimentan la percepción de que la mutualista ha dejado de ser un centro de salud para convertirse en un botín político-empresarial.
¿Hacia un colapso de la credibilidad?
Uruguay no puede permitirse un modelo donde la cercanía al poder estatal sea la única garantía de supervivencia económica. Si ASSE continúa inyectando fondos en el CASMU sin auditorías rigurosas y públicas, el malestar del sector mutual escalará hasta quebrar el modelo sanitario. La salud no puede ser un terreno para el amiguismo ni para fideicomisos oscuros. El desafío actual es desmantelar esta red de privilegios antes de que la zona de sospecha termine por contaminar a todo el sistema, dejando a los usuarios como rehenes de una gestión que prioriza la supervivencia política sobre la calidad asistencial.