Qué pasó en el caso Sebastián Marset atentado Ferrero
El caso Sebastián Marset atentado Ferrero ha dado un vuelco definitivo tras la confirmación de que el narcotraficante uruguayo anunció sus planes de ataque días antes de ejecutarlos en mayo de 2020. Según información recientemente descifrada por la autoridades policiales de Francia y remitida a las autoridades locales, existen registros claros donde Marset comunicaba su intención de atentar contra la sede de la Brigada de Drogas en el Prado y amenazar directamente a la fiscal Mónica Ferrero. Este hallazgo representa la pieza del rompecabezas que la justicia uruguaya buscaba para cerrar el círculo sobre la autoría intelectual de estos delitos.
La evidencia, que surge de una investigación internacional sobre la operativa del narcotráfico en América y Europa, pone de manifiesto el nivel de osadía con el que operaba la organización liderada por Marset. Lo que hasta ahora era una sólida teoría del fiscal Diego Pérez, respaldada por la Operación Wayra, cuenta hoy con el respaldo técnico de comunicaciones de Skype que el jerarca del narcotráfico no pudo ocultar a la inteligencia europea. La importancia de este dato radica no solo en la condena social, sino en la posibilidad real de juzgar a Marset en Uruguay por ataques directos a las instituciones democráticas del país.
Qué pasó
Los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando Uruguay fue testigo de una escalada de violencia inusual contra el sistema judicial y policial. El 9 de mayo se registró un atentado con una bomba molotov contra la sede de la Brigada de Drogas, seguido apenas un día después por una amenaza explícita enviada por mensaje de texto a la fiscal Mónica Ferrero. Aquel mensaje estaba firmado con las siglas PCU, correspondientes al Primer Cártel Uruguayo, una marca que comenzaba a aparecer en cargamentos de cocaína incautados en la región y que Marset intentaba consolidar como un sello de poder y control territorial.
La efectivos policiales de Francia, trabajando en conjunto con investigadores de los Países Bajos, logró vulnerar sistemas de comunicación cifrados que Marset utilizaba para coordinar sus movimientos. En esos chats, el uruguayo no solo hablaba de logística de estupefacientes, sino que anunciaba los ataques contra el aparato represivo de Uruguay como una forma de marcar la cancha ante lo que él consideraba una presión excesiva de la brigada de narcóticos. Estos mensajes fueron distribuidos a países como Brasil, Paraguay y España, donde las causas contra el narcotraficante siguen activas y se han nutrido de esta tecnología de descifrado.
En Uruguay, la investigación del fiscal Diego Pérez ya había logrado procesar a unas 40 personas vinculadas a la estructura logística de Marset. Entre los condenados figuraban perfiles diversos, desde comerciantes barriales hasta piezas clave como Rodrigo «Loli» Fontana, un socio estratégico que fue asesinado en 2024. Sin embargo, la conexión directa con el líder máximo permanecía en el terreno de las presunciones legales hasta la llegada de estos documentos desde Francia. La prueba es concluyente: Marset avisó que atacaría y cumplió, dejando un rastro digital que hoy lo acorrala judicialmente.
Por qué es importante
La relevancia de este avance en el caso Sebastián Marset atentado Ferrero es múltiple, afectando tanto el ámbito jurídico como el de la protección ciudadana nacional. En primer lugar, valida la estrategia de cooperación internacional entre fiscalías y cuerpos policiales. El hecho de que una prueba obtenida en Francia bajo sus normativas legales sea considerada válida para la justicia uruguaya abre una ventana de oportunidad para perseguir delitos trasnacionales con mayor eficiencia. Uruguay, bajo los canales de cooperación adecuados, puede ahora formalizar una orden de detención específica por estos atentados, sumando cargos que atañen a la seguridad ciudadana pública en Uruguay del Estado.
Además, este hallazgo desacredita los intentos de la defensa de Marset, encabezada por Santiago Moratorio, de presentar al narcotraficante como alguien ajeno a los actos de violencia terrorista en suelo uruguayo. Meses atrás, se supo que la defensa había sondeado la posibilidad de que su cliente asumiera responsabilidad por estos hechos a cambio de ciertas garantías, lo que ya indicaba que la prueba en su contra era conocida por su círculo íntimo. El narcotráfico Uruguay ha intentado históricamente mantenerse bajo un perfil de baja violencia comparado con otros países de la región, pero los ataques a la sede de narcóticos y a la fiscal Ferrero rompieron ese pacto tácito, obligando al Estado a responder con toda su fuerza institucional.
Desde el punto de vista institucional, el ataque a Mónica Ferrero fue un hito oscuro. La fiscal, que ha liderado las causas más complejas contra el crimen organizado, representa la primera línea de defensa del sistema legal. Que se confirme que Marset estuvo detrás de la amenaza «para que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar» refuerza la necesidad de proteger a los operadores judiciales. Este caso demuestra que la amenaza no era un hecho aislado de un grupo menor, sino una estrategia deliberada del Primer Cártel Uruguayo para condicionar las políticas de persecución penal en el país.
Qué puede pasar ahora
Con la prueba ya en manos de la fiscalía uruguaya, el escenario más probable es la tramitación de una orden de detención internacional y un eventual pedido de extradición. Aunque Marset enfrenta procesos en varios países y recientemente compareció en Estados Unidos tras su captura en Bolivia, Uruguay tiene ahora un interés jurídico renovado. La DEA ha mantenido un contacto fluido con las autoridades locales, solicitando información sobre los atentados para robustecer su propio expediente contra el uruguayo, considerando que la violencia contra funcionarios públicos es un agravante de peso en la justicia norteamericana.
En el plano local, el fiscal Diego Pérez deberá analizar cómo integrar esta nueva evidencia en el expediente de la Operación Wayra. Si bien muchas de las personas involucradas ya han sido condenadas, la figura de Marset como autor intelectual seguía pendiente. La validación de los mensajes de Skype como prueba lícita permitirá que, si en algún momento Marset es puesto a disposición de la justicia uruguaya, no existan vacíos probatorios que le permitan eludir la responsabilidad por el atentado con la bomba molotov y la amenaza a la integridad de la fiscal Ferrero.
Asimismo, la inteligencia policial uruguaya continúa vigilando los movimientos de los remanentes de la organización. El reciente atentado con una granada en la casa de la fiscal Ferrero en septiembre pasado también tiene a Marset como principal sospechoso. Los investigadores creen que el patrón de conducta se repite: el uso de terceros, en este caso un expolicía y su hijo, para ejecutar acciones de intimidación. La confirmación de los hechos de 2020 sirve como un antecedente fundamental para demostrar una conducta sistemática de agresión contra la justicia por parte del investigado.
Antecedentes o contexto
El contexto en el que se produjeron estos ataques en 2020 fue de una reestructura profunda en el Ministerio del Interior uruguayo tras el cambio de Presidencia de la República. El narcotráfico intentó probar la resistencia del sistema mediante actos de fuerza. El Primer Cártel Uruguayo no era solo una sigla, sino un intento de unificar bandas locales bajo un mando profesionalizado y violento, inspirado en modelos de cárteles regionales. La Brigada de Drogas había intensificado sus operativos, afectando directamente las finanzas de Marset, lo que desencadenó la represalia en el Prado.
Es fundamental entender que Marset no operaba solo. Su socio Rodrigo Fontana, alias «Loli», fue una pieza clave en la logística local hasta su asesinato. La caída de Fontana y la posterior captura de otros mandos medios dejaron a Marset como la figura visible de una estructura que, aunque golpeada por la Operación Wayra, mantuvo su capacidad de fuego y de amenaza desde el exterior. La entrevista concedida por Marset en 2023 fue vista por los analistas como un intento desesperado de limpiar su imagen ante la inminencia de que las pruebas de la Dirección Nacional de Policía de Francia salieran a la luz y complicaran su situación jurídica en múltiples jurisdicciones.
La confirmación de que existe evidencia digital donde se anuncia el caso Sebastián Marset atentado Ferrero cierra una etapa de incertidumbre para la justicia uruguaya. El empleo decente de inteligencia internacional ha permitido que un delito cometido en las calles de Montevideo encuentre su resolución gracias a servidores ubicados en Europa. Uruguay reafirma así que no habrá impunidad para quienes intenten amedrentar a sus fiscales y fuerzas de seguridad. La mirada ahora está puesta en los tribunales internacionales y en la capacidad del Estado para asegurar que el líder del Primer Cártel Uruguayo rinda cuentas por haber desafiado la paz pública y la institucionalidad del país
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