La reciente reconstrucción histórica publicada por El País sobre las misiones encubiertas del primer gobierno de Tabaré Vázquez expone una preocupante realidad sobre la vulnerabilidad institucional de la época. El éxito de la defensa jurídica en el juicio por Botnia en La Haya no puede camuflar el alarmante diagnóstico que enfrentaban las Fuerzas Armadas uruguayas, cuyos organismos de inteligencia civil y militar admitieron que carecían de agentes de campo operativos en el exterior desde el retorno a la democracia. Esta grave orfandad técnica obligó al Poder Ejecutivo a delegar tareas de seguridad nacional y contraespionaje en el sector corporativo privado, un movimiento fronterizo arriesgado que pudo desatar un incidente geopolítico de proporciones impredecibles con la administración de Néstor Kirchner.
Las verdaderas razones del bloqueo en el río Uruguay
El litigio internacional por la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos desnudó las peores miserias de la diplomacia rioplatense. Mientras los asambleístas argentinos bloqueaban los puentes internacionales afectando el comercio bilateral, los canales oficiales de diálogo se dinamitaban bajo la lógica del orgullo nacional herido. La frase del canciller argentino Jorge Taiana a Gonzalo Fernández, sintetizando que el problema real era que «el chico se la puso al grande», demostró que los argumentos ambientales eran apenas una fachada para esconder el despecho político de Buenos Aires, que había perdido una inversión multimillonaria por sus propios vicios internos de corrupción electoral.
Sin embargo, la respuesta estratégica de Montevideo sembró dudas sobre la capacidad de respuesta soberana. Al verse acorralado por los ejercicios militares del Ejército argentino en el litoral y la total ineficacia de los buenos oficios de la corona española o la mediación fallida de Brasil, Uruguay debió buscar desesperadamente un «palenque» en Washington. El alineamiento temporal con George W. Bush y el envío de misiones informales a la Casa Blanca sirvieron de escudo disuasorio, pero la verdadera batalla jurídica requería evidencias materiales irrefutables que contradijeran la narrativa oficial de la vecina orilla.
La terciarización del espionaje en el juicio por Botnia en La Haya
La defensa técnica del estado, coordinada por el abogado estadounidense Paul Reichler, identificó una ventana de oportunidad crítica: demostrar que el verdadero foco de polución del ecosistema compartido provenía del propio Parque Industrial de Gualeguaychú y no de la infraestructura de origen finlandés. El problema logístico era mayúsculo, ya que obtener registros visuales de alta resolución dentro del territorio argentino sin recibir autorización previa constituía una flagrante violación de la soberanía del país vecino.
La confesión de los servicios de inteligencia militar sobre su absoluta incapacidad para operar en el frente externo forzó una alianza informal y secreta entre el riñón político de la izquierda gubernamental y ciertos sectores empresariales locales para apuntalar la estrategia en el juicio por Botnia en La Haya.
Bajo la falsa premisa de realizar un estudio de factibilidad comercial para un negocio privado, un equipo técnico civil cruzó el río Uruguay provisto de equipamiento fotográfico avanzado. El operativo secreto logró capturar las imágenes aéreas de la desembocadura del río Gualeguaychú que Reichler exigía para equilibrar la balanza ante los magistrados internacionales. Aunque el resultado fue exitoso y la Corte Internacional emitió un dictamen salomónico en 2010 que validó la continuidad de la fábrica, el procedimiento dejó en evidencia los peligrosos límites de utilizar la estructura privada para subsanar las falencias de los servicios del Estado.
Un legado de desconfianza en la cuenca del río Uruguay
El análisis crítico de este episodio demuestra que la resolución del diferendo pecuario estuvo lejos de ser un triunfo de la diplomacia tradicional. Se trató, en cambio, de una guerra de desgaste donde Uruguay debió apelar a maniobras de contrainteligencia civil para suplir su debilidad militar frente al gigante regional. Los manuales de Estado Mayor de la Fuerza Aérea uruguaya preveían escenarios de combate aéreos donde los escasos aviones Cessna A-37 disponibles serían derribados en su totalidad ante una eventual incursión terrestre argentina, lo que obligaba a jugar las cartas del secretismo y el apoyo norteamericano.
A más de dos décadas de aquellas tensiones extremas, las chimeneas de la actual planta de UPM continúan funcionando en la margen oriental, pero el entramado de desconfianza sembrado por los operativos encubiertos y las tensiones del juicio por Botnia en La Haya modificó de forma permanente la relación vecinal. La gestión de los recursos naturales compartidos sigue estando condicionada por los fantasmas de una época donde los puentes se cortaron, los presidentes evaluaron hipótesis bélicas reales y las pruebas esenciales para los tribunales internacionales debieron conseguirse mediante misiones clandestinas en territorio extranjero