El activismo social y las estructuras del sistema judicial uruguayo quedaron bajo una fuerte sacudida institucional. Andrea Tuana, una de las caras más visibles del movimiento feminista local y directora de la ONG El Paso, se encuentra formalmente bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación. El detonante de la apertura del expediente penal fue la aparición de elementos que la vinculan de forma directa con la presunta inducción y armado de denuncias falsas por violencia de género y abuso sexual, una situación que encendió un debate feroz en los despachos políticos de Montevideo.
La polémica, que pasó rápidamente de los pasillos judiciales a las conversaciones cotidianas en ferias y cafés de la capital, estalló tras la filtración de un audio de enorme gravedad en las instancias de la Operación Océano. En dicha grabación, una mujer involucrada en el proceso asegura con total claridad haber recibido presiones e instrucciones precisas por parte de Tuana para falsear su declaración testimonial. El objetivo de la maniobra, según se desprende del audio, era denunciar penalmente a su esposo por un falso abuso hacia su propia hija, utilizando la sensibilidad del tema para asegurar una condena inmediata y destruir la posición legal del implicado.
El rol institucional y los fondos públicos bajo sospecha
El caso excede las fronteras de las disputas entre particulares y se metió de lleno en las estructuras estatales. Tuana, además de su intensa actividad en la sociedad civil, se desempeña como funcionaria del Ministerio del Interior, donde su meteórico ascenso al rango de Subcomisaria dentro de los cuadros técnicos del Hospital Policial ya venía despertando suspicacias y cuestionamientos internos. En los corredores de la cartera de seguridad el ambiente es de una incomodidad absoluta; varios de sus colegas miran con recelo el avance del expediente, temiendo que el escándalo termine salpicando los programas oficiales de género que la funcionaria ayudó a diseñar.
Al mismo tiempo, la lupa de los investigadores se posó sobre el financiamiento de la ONG El Paso, una organización que recibe importantes partidas de dinero público para el amparo de mujeres en situación de vulnerabilidad. Los sectores más críticos de la oposición y diversas asociaciones civiles de defensa de los derechos de familia comenzaron a exigir auditorías urgentes sobre la organización, argumentando que se desvirtuaron los objetivos de los refugios estatales para transformarlos en laboratorios de denuncias infundadas. En barrios de fuerte tradición trabajadora como La Teja y el Cerro, el rumor generó un clima de profunda desconfianza: muchas mujeres que realmente necesitan asistencia ahora dudan de la transparencia de las instituciones encargadas de protegerlas.
Un Parlamento dividido y el miedo a la deslegitimación
En el Palacio Legislativo, las repercusiones políticas de la investigación a Andrea Tuana provocaron cruces de alta tensión entre las diferentes bancadas. Un sector de los legisladores ya plantea modificaciones severas a los protocolos de validación de denuncias de la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género, señalando que la falta de penalizaciones firmes para los testimonios falsos desprotege a los ciudadanos inocentes. Los relatos de hombres que perdieron sus trabajos, sus viviendas y el derecho a ver a sus hijos por acusaciones que luego se demostraron inexistentes empezaron a ganar espacio en las redes sociales bajo el hashtag #JusticiaParaInocentes.
En la otra vereda, colectivos de derechos humanos y defensoras de las políticas de género manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el caso Tuana sea utilizado de forma instrumental por sectores conservadores para desacreditar la lucha legítima contra los femicidios y los abusos reales. El gran temor de las operadoras judiciales es que el manto de duda que hoy cubre a la activista termine provocando un efecto de retracción en las víctimas verdaderas, quienes podrían optar por el silencio ante el miedo de no ser creídas por un sistema que hoy se muestra bajo sospecha de manipulación.
Con la investigación penal en marcha y la recolección de pruebas técnicas sobre los dispositivos de comunicación, el futuro judicial de Andrea Tuana pende de un hilo sumamente delgado. Lo que quede demostrado en las salas de audiencia en los próximos meses no solo definirá la libertad y la reputación de la acusada, sino que fijará un precedente histórico sobre los niveles de control, veracidad y rigurosidad que el Estado uruguayo debe exigir a la hora de tramitar las denuncias de género en el país.