Victoria Sasias rompió el silencio en redes sociales y apuntó contra Oscar Centurión por hechos ocurridos entre 2023 y 2024. Hubo un sumario interno que terminó en una sanción leve.
Un teléfono celular apoyado contra un soporte de luz y un relato en primera persona que sacudió los despachos del Palacio Estévez y las oficinas de la administración pública. Victoria Sasias, una joven proveniente de un contexto vulnerable que ingresó a trabajar en la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) a través de un programa socioeducativo, subió esta semana una serie de videos a sus redes sociales con acusaciones directas que exponen la vulnerabilidad extrema dentro de las dependencias estatales durante el gobierno pasado. El señalado, con nombre y apellido en el testimonio de la víctima, es Oscar Centurión, exdirector de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y exgerente de Uruguay Concursa en 2023 y 2024.
La denuncia pública, difundida inicialmente por el periodista Eduardo Preve, describe un entramado que combina presuntos abusos sexuales, manipulación psicológica y el suministro de drogas legales en el propio entorno de trabajo. El objetivo detrás de estas presiones, según detalló Sasias, era condicionar la continuidad de su empleo dentro del organismo del Estado.
💣 DENUNCIA GRAVÍSIMA
✔️ Victoria Sasias, una joven de contexto vulnerable que trabajó en la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) durante el gobierno pasado, realizó graves acusaciones y denuncias contra Oscar Centurión, ex director de la Escuela Nacional de Administración… pic.twitter.com/0KwfNqpEJd
— Eduardo Preve (@EPreve) May 20, 2026
Sasias ingresó a trabajar en la ONSC a fines de 2023 mediante el programa Accesos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), un plan diseñado por seis meses para dar inserción laboral a personas de sectores postergados. Al cumplirse ese plazo, la joven quedó bajo la órbita de la ENAP, donde Centurión, según el relato de la víctima, instrumentó un mecanismo para abonarle horas docentes que justificaran su permanencia, un esquema que luego derivaría en una investigación burocrática interna.
Las alertas en los pasillos de la ONSC se encendieron cuando Ruth, una compañera de trabajo de Sasias, notó los cambios de conducta en la joven y las dinámicas que se daban a puertas cerradas. Ante la extrema juventud de Victoria y su incapacidad inicial para dimensionar la gravedad de los hechos, fue esta compañera quien radicó una primera queja formal sobre las anomalías en las horas docentes.
“Todo empezó con una manipulación, él me manipulaba la cabeza. Yo no quería quedarme sin trabajo, no sabía qué estaba haciendo y no tenía quién me dijera que estaba mal”, narró Sasias en uno de los videos, visiblemente afectada. “Me hizo odiar a una compañera porque ella se dio cuenta de todo lo que estaba pasando”, agregó, en referencia a la red de aislamiento que el jerarca habría tejido a su alrededor.
La respuesta institucional ante el escándalo administrativo fue, cuando menos, polémica. El sumario formal instruido contra Centurión por las irregularidades en los pagos concluyó con una recomendación explícita de los servicios jurídicos: suspender al director de la ENAP por el término de seis meses. Sin embargo, el entonces director general de la ONSC, Ariel Sánchez, decidió recortar drásticamente la medida y aplicar una sanción de apenas 15 días, permitiendo que el funcionario mantuviera su posición de poder casi intacta.
El silencio administrativo también golpeó las puertas del MIDES. Sasias aseguró que, antes de recurrir a la exposición pública en redes sociales, intentó alertar a los coordinadores directos del programa Accesos sobre la situación de acoso y manipulación que sufría. La respuesta del ministerio fue la indiferencia absoluta; las planillas siguieron firmándose y las reuniones continuaron sin que se abriera un canal de contención técnica para una trabajadora en situación de extrema vulnerabilidad.
El marco legal en Uruguay es tajante pero los mecanismos de control fallaron en cadena. La Ley N.° 18.561 define el acoso sexual en el ámbito público como una falta muy grave, y establece responsabilidades administrativas y penales severas para los jerarcas que, estando en conocimiento de una situación de asimetría y abuso de poder, omitan denunciar los hechos o atenúen las sanciones para encubrir a los mandosmedios.
“Allá adentro nadie se puede enterar de nada, porque no sabés qué puede pasar contigo”, sentenció la joven al cierre de su declaración pública. Hoy, con los videos circulando en las pantallas de los teléfonos de miles de funcionarios públicos, el caso expone la fragilidad de los protocolos de protección a los trabajadores subcontratados del Estado y la discrecionalidad con la que se archivaron y suavizaron las conductas de los jerarcas señalados.