El caso Conexión Ganadera en Uruguay sumó un capítulo de alta tensión en Montevideo tras la millonaria caída del fondo pecuario. Los hijos del empresario imputado Pablo Carrasco presentaron un fuerte recurso ante la justicia concursal para exigir el levantamiento inmediato de las medidas cautelares que congelaron sus patrimonios. Los jóvenes alegan que las restricciones financieras afectan de forma directa sus requerimientos básicos cotidianos e incluso afirmaron en su escrito que el bloqueo actual les impide comprar una simple entrada al cine
El caso Conexión Ganadera en Uruguay dejó un tendal de cuatro mil ahorristas afectados en todo el territorio nacional. La Fiscalía imputó a Carrasco y a su esposa por los graves delitos de estafa y lavado de activos. Los investigadores descubrieron que la firma operaba bajo la fachada de un esquema Ponzi. La compañía captaba capitales prometiendo una atractiva renta fija anual del siete por ciento. Sin embargo, el sistema colapsó por completo hace un año al quedarse sin fondos líquidos para responder a los clientes.
Hoy los pasillos de los juzgados montevideanos reciben reclamos cruzados de extrema complejidad. Por un lado están los damnificados que perdieron los ahorros de toda su vida en el fondo. Por el otro, los herederos del empresario preso aseguran sufrir una asfixia económica totalmente injusta.
El descargo de los herederos vinculados al caso Conexión Ganadera en Uruguay
Guadalupe y Baltasar Carrasco lideran el reclamo de los cinco hermanos ante los magistrados. Su defensa legal afirma que los jóvenes son estudiantes universitarios o profesionales independientes. El escrito judicial remarca que ellos nunca participaron en el giro social de la empresa familiar. Tampoco manejaron las finanzas ni conocían la profunda situación de insolvencia del negocio pecuario.
Los jóvenes accionistas de la firma Muralir consideran que el embargo genérico resulta desproporcionado para su realidad actual. Las medidas cautelares dispuestas por la Justicia uruguaya alcanzan la impactante cifra de 250 millones de dólares.
Según su testimonio escrito, el bloqueo financiero les quita el acceso a herramientas bancarias indispensables. Los demandantes sostienen que sufren perjuicios irremediables por maniobras corporativas completamente ajenas a ellos. La imposibilidad de abrir cuentas sueldo o realizar pagos digitales mínimos compone parte de sus quejas diarias.
La defensa del empresario preso por la estafa del fondo pecuario
Por su parte, el propio Pablo Carrasco también solicitó el cese inmediato de su embargo personal. El empresario reconoció ante el juez penal que pudo haber actuado con negligencia en los controles internos. Sin embargo, el imputado negó rotundamente tener el manejo económico de la organización en sus manos. Su estrategia de defensa apunta directamente contra su antiguo socio, Gustavo Basso, quien se quitó la vida antes de estallar el escándalo público.
Carrasco afirmó que el entorno de Basso utilizó cuentas personales para evadir los controles estatales tradicionales. Mientras tanto, los abogados de las víctimas analizan contrarreloj una propuesta de pago de 35 millones de dólares. Ese monto permitiría recuperar una porción menor del capital invertido a los damnificados en un plazo de dos meses. La resolución final sobre el destino de los bienes familiares quedó ahora en manos del magistrado a cargo del concurso mercantil