El País en un “Punto de inflexión” ante el crimen organizado en Uruguay
El panorama de la seguridad en Uruguay atraviesa un momento de intensa preocupación tras dos ataques directos contra jerarcas públicos en menos de sesenta días. Estas situaciones generaron una alarma evidente sobre el preocupante crecimiento del fenómeno del crimen organizado en Uruguay. El propio ministro del Interior, Carlos Negro, lo denominó un «punto de inflexión» al comparecer ante la Cámara de Diputados, marcando una nueva etapa en la criminalidad que vive el país.
El episodio más grave fue el que tuvo como blanco a la fiscal general de la Nación, Mónica Ferrero. Delincuentes ingresaron a su domicilio y, en un acto que buscó intimidar y silenciar, dejaron una granada y efectuaron varios disparos. En sus propias palabras, la fiscal indicó que solo quince centímetros la separaron de la muerte. Más recientemente, la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), organismo que gestiona las cárceles del país, fue atacada en un hecho que se interpreta como un claro mensaje mafioso a su directora, Ana Juanche.
Estos atentados no son aislados; son, según el ministro Negro, la «repercusión de la criminalidad organizada». El jerarca, quien cuenta con la experiencia previa de haber sido fiscal de Homicidios, fue enfático al señalar que existe un «nexo» directo entre el incremento de la violencia y la sofisticación de los grupos que componen el crimen organizado en Uruguay. El diagnóstico oficial es claro: la criminalidad de las últimas décadas es ahora «más violenta, más compleja y más conectada con los mercados ilegales regionales.
Un hombre fue detenido por transportar estupefacientes, confirmando la actividad constante de las pandillas locales y el crimen organizado en Uruguay.
La mutación de las bandas: De estructuras rígidas a redes flexibles
A pesar de que el país mantiene la fortaleza de sus instituciones y bajos niveles de corrupción, las cifras hablan de una escalada. Los datos registran un sostenido incremento en homicidios, extorsiones, cibercrímenes y delitos fuertemente asociados al narcotráfico, sin dejar de mencionar la «incipiente intervención de bandas en algunos territorios». El gobierno subraya que esta tendencia no es exclusiva de la nación, sino que es parte de un fenómeno regional donde el crimen organizado demuestra una gran capacidad de maniobra y diversificación constante.
El ministro Negro detalló las características de estas agrupaciones criminales, confirmando que el fenómeno en América Latina y, por ende, el crimen organizado en Uruguay, es sumamente diverso. Esta variedad abarca desde los ya mencionados clanes familiares y pandillas de alcance local, hasta llegar a bandas con una impronta regional y redes transnacionales asociadas a las economías ilícitas globales. La adaptabilidad es un rasgo central de estas bandas, que funcionan casi como un virus, en constante mutación.
Las presiones del mercado ilícito, las disputas territoriales entre los grupos o las intervenciones de las fuerzas estatales obligan a estas organizaciones a fragmentarse, fusionarse, migrar y diversificar sus operaciones. Como ejemplo de esta adaptación regional, el ministro mencionó el crecimiento del Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil, que ha expandido su influencia a países vecinos como Perú, Ecuador, Chile y Venezuela.
Muestra los ladrillos de cocaína incautados, un ejemplo de la diversificación de actividades y la conexión con mercados ilegales que caracteriza al crimen organizado en Uruguay, según detalló el ministro Negro.
Brokers y franquicias criminales: La profesionalización del delito
Una de las transformaciones más relevantes que describió Negro es el cambio en la arquitectura interna de estos grupos. Las estructuras jerárquicas que antes eran «rígidas» cedieron su lugar a «redes más flexibles», donde el rol de los intermediarios es crucial. En la actualidad, las organizaciones criminales se valen de la participación de brokers. Estos individuos funcionan como «bisagras» o nexos de venta de determinadas «marcas» criminales.
Sí, el ministro habló de marcas, una analogía que ilustra la profesionalización del delito. Las organizaciones a nivel continental manejan sus propias marcas; los brokers comercializan estas «franquicias» criminales, demostrando un modelo de negocio que busca expandirse y consolidarse territorialmente. Este elemento distintivo del crimen organizado en Uruguay y la región implica una diversificación de actividades. Es común ver organizaciones operando simultáneamente en varios mercados ilegales, pasando del narcotráfico a la extorsión o el cibercrimen con pasmosa facilidad.
Además, el jerarca señaló un fenómeno «preocupante»: la activa participación de actores que provienen del ámbito legal. Esto incluye empresarios, en algunos casos «de prestigio», profesionales «de renombre» y hasta figuras políticas que se involucran en las redes criminales. Esta interpenetración entre lo legal y lo ilícito es, quizás, una de las características más relevantes de este fenómeno contemporáneo asociado al mercado de drogas y otros bienes y servicios ilegales que afecta a la seguridad uruguaya.
Ante esta realidad, el gobierno entiende que el país precisa de un nuevo plan de seguridad integral con la mira puesta en desarrollar un «modelo Uruguay» que sea eficaz para enfrentar la escalada delictiva. La estrategia, según lo expuesto, pasa por actualizar los planes, reforzar la lucha contra el delito, y recuperar los espacios perdidos, generando enlaces internos de cooperación entre las distintas esferas del Estado para aumentar la autoridad y presencia institucional en el territorio.
Si el crimen organizado en Uruguay demuestra una capacidad de adaptación y mutación que se asemeja a la de un virus, ¿no será que la respuesta estatal también necesita esa misma flexibilidad y sofisticación para contrarrestar efectivamente su avance en nuestra sociedad