La reciente persecución policial contra el periodista Sebastián Cabrera encendió las alarmas sobre el estado de la libertad de prensa en Uruguay. A raíz de una nota de investigación sobre irregularidades en el rescate de fauna marina en Maldonado, la Policía montó un operativo de citaciones insistentes y visitas a la redacción que rompen con cualquier protocolo rutinario. El diputado colorado Felipe Schipani calificó el episodio como un «mensaje terrible» y formalizó un pedido de informes para que el Ministerio del Interior explique quién dio la orden de usar a la fuerza pública como brazo ejecutor de intereses privados.
La génesis del conflicto parece sacada de una novela de aprietes. Cabrera había publicado una investigación sobre presuntas actividades ilícitas vinculadas al rescate de fauna marina en Maldonado. La respuesta no fue una rectificación ni una demanda civil bajo la Ley de Prensa, sino el despliegue de uniformados. «¿Cómo se justifica que la policía actúe de oficio contra un periodista por el contenido de una nota?», se preguntó Schipani entrevistado por Uruguay Al que pone los pelos de punta. Para el diputado, el mensaje que se envía es «terrible»: si escribís algo que molesta a alguien con conexiones, podés terminar dando explicaciones ante un oficial en una seccional, salteándote todas las garantías del debido proceso.
La importancia de la Libertad de prensa en la sociedad
En el Uruguay de hoy, los delitos de prensa tienen un carril judicial claro. La policía no está para hacer de gestora de intereses privados ni para investigar de oficio crónicas periodísticas como si fueran delitos de sangre o de inminente peligro social. La insistencia con la que se buscó a Cabrera —dos veces en la redacción del diario— marca una pauta de hostigamiento que busca, por sobre todas las cosas, el amedrentamiento. Schipani fue tajante al afirmar que «se está jugando con fuego» y que este tipo de señales son una forma de censura encubierta que busca que el periodista, especialmente el del interior, se autocensure por miedo a las represalias estatales.
El pedido de informes elevado al Ministerio del Interior no es un trámite más. Busca nombres y responsabilidades. ¿Quién dio la orden? ¿Qué jerarca autorizó que se movilizaran recursos públicos para citar a un profesional por su trabajo? El silencio de las autoridades hasta el momento solo profundiza la sospecha de que la fuerza pública fue utilizada de manera discrecional. «Alguien tiene que hacerse responsable y dar la cara», sentenció el legislador, quien no descarta llamar a las autoridades a comisión si las respuestas no son satisfactorias.
El impacto en la ciudadanía es directo. Si la libertad para informar se ve condicionada por el poder de turno o por la capacidad de un denunciante de «mover la aguja» en una comisaría, la transparencia del sistema se cae a pedazos. El caso de Cabrera no es un hecho aislado o una simple confusión de protocolo; es un síntoma de una gestión que, por omisión o acción, permite que se vulneren derechos fundamentales. La protección de las fuentes y el libre ejercicio del periodismo son pilares que no pueden quedar a merced de un comisario con exceso de celo o de un particular con contactos en el Ministerio.
Finalmente, el debate queda instalado en la arena política. Mientras el gremio de periodistas y la sociedad civil observan con desconfianza, el sistema político debe decidir si va a blindar estas libertades o si permitirá que el patrullero sea la nueva respuesta a la crítica periodística. La responsabilidad del Ministerio del Interior es total: debe aclarar si estamos ante un error procedimental o ante una directiva política que busca domesticar a la prensa a base de citaciones y sirenas.
Acá tenés el texto re-escrito, con ortografía corregida, mejor puntuación y redacción más clara, manteniendo el contenido tal cual, el tono crítico y el lenguaje cercano.
La investigación que llevó a los matones policiales hasta la redacción del diario
La investigación de Sebastián Cabrera —periodista de El País y editor de Qué Pasa— que desató todo este quilombo con la Policía gira en torno a la figura de Richard Tesore y su ONG SOS Rescate Fauna Marina, que funciona en Punta Colorada, cerca de Piriápolis (Maldonado).
En la nota, Cabrera reconstruye la historia de Tesore y del centro de rescate, pero también pone sobre la mesa denuncias y polémicas que vienen de arrastre desde hace años, especialmente a partir de reclamos de vecinos de la zona y de hechos ocurridos tiempo atrás. El artículo recoge distintos testimonios que pintan un panorama complejo y conflictivo.
Entre otras cosas, se mencionan:
- Que el lugar presenta instalaciones abandonadas o en mal estado.
- Quejas por el impacto ambiental en la playa, incluyendo reclamos que hablan de drenaje de aguas servidas hacia el mar.
- Y lo más pesado: referencias a un episodio ocurrido a principios de los años 2000 (alrededor de 2002), en el que se habla de una presunta operación irregular con unos 50 pingüinos de Magallanes, una especie protegida, que habrían sido enviados a España en una maniobra descripta como una “venta” encubierta o un canje con un zoológico de Madrid.
Cabrera no se basa solo en dichos. En la nota cita documentos oficiales de la época. Uno de ellos es un informe de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del MGAP, fechado el 11 de noviembre de 2002, donde se señala que el organismo tomó conocimiento —a través de otra ONG, Rescate Eco Marítimo— de que los pingüinos “habían salido hacia España en una operación de venta”, sin contar con la autorización correspondiente, ya que faltaba información clave.
Otro documento del Departamento de Fauna del MGAP, del 18 de noviembre de 2002, refuerza ese planteo. Además, se menciona una resolución posterior que aplicó una multa de 150 unidades reajustables tanto a Tesore como a un funcionario municipal de entonces —Juan Ángel Silvera, coordinador de la estación de cría de Pan de Azúcar— por infringir la Convención sobre Especies Amenazadas. En ese mismo marco, también hubo un apercibimiento a la Intendencia de Maldonado y se habló de una posible “connivencia” entre el funcionario y la ONG.
Un punto clave que el propio Cabrera deja explícito en su trabajo es que no afirma por cuenta propia que Tesore sea un “traficante” o un “secuestrador de lobos marinos”. Lo que hace es reproducir testimonios de vecinos entrevistados, algunos de los cuales utilizan esos términos. En cuanto al episodio de los pingüinos, se limita a relatar un antecedente histórico, documentado y ocurrido hace más de veinte años.
La denuncia por difamación fue presentada por Tesore —o su entorno— y eso derivó en un hecho que hoy está en el centro de la polémica: la Policía de la Seccional 11ª de Piriápolis llamó directamente al celular de Cabrera, insistió en la redacción de El País y finalmente lo llevó a declarar durante casi una hora en la comisaría, sin orden fiscal, según relata el propio periodista en su crónica del 17 de enero de 2026.
En resumen, no se trata de una investigación nueva sobre rescates actuales de tortugas o lobos marinos —actividad que la ONG realiza desde hace años y que tiene buena reputación en varios ámbitos—, sino de un perfil periodístico que mete el dedo en la llaga de un conflicto vecinal de larga data y recuerda un antecedente administrativo grave de hace más de dos décadas, que terminó con multas y sanciones.
Y fue precisamente eso lo que molestó tanto como para que la respuesta no fuera una rectificación, una aclaración pública o una demanda civil por los carriles normales, sino un operativo policial que hoy tiene a medio país discutiendo algo mucho más grande: la libertad de prensa y los límites del poder del Estado frente al periodismo.