Condenaron al edil del Frente Amplio de Salto por su rol en una rapiña planificada
El edil del Frente Amplio de Salto fue condenado junto a otras cinco personas por su participación en la planificación de una rapiña en una fiesta privada, un caso que generó repercusión política y social en el departamento.
La investigación, liderada por la fiscal Loreley Escobar, permitió comprobar que el grupo actuó de forma organizada con el fin de ejecutar el robo.
Según explicó Escobar, el móvil principal de los implicados era económico. “El objetivo era la rapiña, llegaron armados y preparados para dar el golpe”, indicó la fiscal al presentar las conclusiones del proceso judicial.
Las condenas: del edil a los menores involucrados
El fallo determinó distintas penas para los seis imputados.
En el caso del edil del Frente Amplio de Salto, la Justicia lo condenó por asociación para delinquir, con una pena total de 12 meses, de los cuales 3 serán de prisión efectiva y 9 de libertad a prueba.
Durante ese período, deberá cumplir tres meses de prisión nocturna y cuatro meses de tareas comunitarias, además de otras medidas de rehabilitación y supervisión.
Su pareja, considerada por la Fiscalía como la principal promotora del delito, fue condenada por asociación para delinquir agravada, recibiendo una pena de 16 meses, con 10 de cumplimiento efectivo y 6 bajo régimen de libertad vigilada.
Los cómplices de Montevideo y los menores
Entre los condenados también figuran una pareja proveniente de Montevideo, quienes viajaron hasta Salto para participar del plan.
El hombre fue sentenciado a 16 meses de prisión (8 de cumplimiento efectivo y 8 en libertad a prueba), mientras que la mujer deberá cumplir 10 meses de libertad vigilada, sin prisión efectiva.
Además, dos adolescentes fueron declarados responsables por infracciones graves previstas en la ley penal como asociación para delinquir, receptación y porte de arma. Ambos cumplirán 6 meses de libertad a prueba, con la obligación de participar en programas de reeducación.
Un caso que reaviva el debate sobre responsabilidad política
El caso del edil del Frente Amplio de Salto generó controversia en el ámbito político local. Si bien el dirigente había sostenido su inocencia, la Fiscalía logró probar su implicación en la red que organizó el robo.
Desde el partido aún no se han emitido declaraciones oficiales sobre la condena.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa el rol y la responsabilidad ética de los representantes públicos en su vida privada, especialmente cuando sus actos cruzan los límites legales.
Reacciones políticas y repercusiones locales
La condena al edil del Frente Amplio de Salto generó una fuerte repercusión en el ámbito político local y nacional. Desde la Departamental del Frente Amplio se emitió un breve comunicado en el que se expresó “consternación y repudio ante cualquier hecho que atente contra los valores democráticos y la ética pública”. Además, se adelantó que el sector evalúa la suspensión inmediata de la militancia del dirigente implicado, mientras se aguardan los fundamentos completos de la sentencia.
En tanto, dirigentes de la oposición departamental consideraron que el caso “afecta la credibilidad de la función pública” y reclamaron que los partidos asuman con mayor rigor los procesos de selección de sus representantes. Desde el Partido Nacional y el Partido Colorado coincidieron en que “los hechos judicializados deben tener consecuencias políticas claras, independientemente del color partidario”.
Por su parte, allegados al edil sostienen que el hombre “colaboró con la Justicia” y que “no participó directamente del intento de rapiña”, aunque reconocieron que formó parte de la planificación junto a su pareja. Fuentes judiciales confirmaron que el edil admitió su participación durante el proceso abreviado, lo que permitió reducir la pena.
Contexto del caso y antecedentes judiciales
El episodio ocurrió en la madrugada del sábado 28 de septiembre, cuando la Policía de Salto frustró un intento de rapiña en una fiesta privada en la zona del Hipódromo. Los delincuentes habían llegado desde Montevideo, presuntamente alertados sobre el evento y con información sobre el dinero recaudado. Durante el operativo se incautaron armas de fuego, municiones y teléfonos celulares que fueron analizados por la Policía Científica.
De acuerdo con la investigación, el edil —quien mantenía una relación sentimental con la principal organizadora del asalto— habría facilitado la logística del grupo, incluyendo el contacto con los cómplices y la información sobre el lugar del evento. La fiscal Loreley Escobar explicó que “la coordinación fue evidente y la intención del grupo era cometer una rapiña con uso de armas, lo que agrava la responsabilidad de los implicados”.
Impacto institucional y llamado a la transparencia
El caso reabrió el debate sobre los controles éticos dentro de los gobiernos departamentales. Varios ediles de diferentes partidos plantearon la necesidad de establecer protocolos más estrictos para prevenir situaciones que comprometan la imagen institucional de los cargos electos.
El politólogo Juan Andrés Pignataro señaló que este episodio “pone de relieve un problema recurrente en la política uruguaya: la falta de filtros efectivos en algunos sectores de representación departamental, donde muchas veces priman los vínculos personales sobre las credenciales o antecedentes de los candidatos”.
En el ámbito judicial, la fiscalía valoró el trabajo conjunto con la Jefatura de Policía de Salto, destacando que “la rápida actuación permitió evitar un delito violento y lograr la condena de todos los implicados en un tiempo razonable”.
La condena al edil del Frente Amplio de Salto cierra así un caso que puso en evidencia los límites entre la función pública y la responsabilidad penal individual. A la espera de la resolución final del Tribunal, el episodio deja un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso ético de quienes representan a la ciudadanía.