El margen estrecho para aumentar el gasto fue el eje central de la discusión interna del gobierno de Yamandú Orsi en torno al Presupuesto Quinquenal. El proyecto, trabajado durante meses, será presentado este jueves en la Torre Ejecutiva ante todo el gabinete.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fijó en US$ 140 millones el techo para ampliar el gasto. Ningún ministerio podrá superar ese monto, pese a los reiterados pedidos de refuerzo presupuestal de varias carteras, una pulseada común en cada período de gobierno.
En los últimos días Orsi mantuvo reuniones personales con cada secretario de Estado para ordenar expectativas y cerrar filas en el gabinete. Según Presidencia, esa estrategia logró disipar malestares iniciales por la falta de recursos. Este jueves será la última sesión del Consejo de Ministros antes de enviar la iniciativa al Parlamento el domingo, sobre el plazo límite constitucional. El sábado, en Suárez y Reyes, el presidente también expondrá los lineamientos a la bancada del Frente Amplio.
El proyecto presupuestal se enmarca en un escenario crítico heredado del gobierno de Luis Lacalle Pou, al que el oficialismo responsabiliza de dejar “el peor déficit fiscal” de la historia, según señaló reiteradamente el prosecretario Jorge Díaz. Por eso, el sello principal de la propuesta es la austeridad, aunque con destino específico para áreas clave.
Del total autorizado, el 40% se dirigirá a políticas sociales y de salud, con énfasis en la primera infancia. Otro porcentaje relevante se asignará al Ministerio del Interior, con el objetivo de ampliar la dotación policial desde 2025 mediante la cobertura de vacantes y nuevos ingresos, algunos destinados al Instituto Nacional de Rehabilitación, en cumplimiento de un compromiso electoral de Orsi.
El proyecto también incorpora cambios impositivos. La consigna es que “paguen más los que tienen más”. Oddone adelantó que se buscará gravar las ganancias de capital que los uruguayos obtienen en el exterior, una medida presentada como correctiva respecto a reformas de 2011 y orientada a equiparar criterios con las rentas generadas en el país.
En la misma línea, el Ejecutivo propondrá aplicar IVA a las compras realizadas en el exterior por plataformas digitales, una medida que responde a los reclamos del empresariado local por el “efecto Temu” y que pretende proteger al comercio nacional.