El departamento de Constitución vuelve al centro del expediente y genera máxima tensión
La posibilidad de que Cristina Kirchner podría quedar en la calle tomó fuerza en las últimas horas luego de que la Justicia avanzara en el proceso de decomiso de bienes vinculados a la Causa Vialidad. El punto crítico del expediente gira ahora en torno al departamento ubicado en San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola preparan un nuevo listado de propiedades, y ese inmueble aparece como uno de los principales objetivos.
El departamento fue adquirido en 2010 por un monto cercano a 370.000 dólares, aunque figura a nombre de Hotesur, la empresa familiar investigada en múltiples causas. Para los fiscales, la inscripción en esa sociedad no altera el origen presuntamente ilícito del dinero con el que se habría efectuado la compra. La defensa, en cambio, insiste en que el bien fue cedido a Máximo y Florencia Kirchner, quienes hoy serían sus titulares.
Aun así, dentro del expediente domina una pregunta que se repite con fuerza creciente: ¿hasta qué punto Cristina Kirchner podría quedar en la calle si se confirma que el departamento fue adquirido con fondos provenientes de la corrupción?
El departamento que podría ser decomisado y donde Cristina Kirchner podría quedar en la calle. (Foto de Tomas Cuesta/Getty Images)
Fiscales amplían el alcance del decomiso a inmuebles bajo sociedades anónimas
La primera fase del decomiso se centró en propiedades registradas directamente a nombre de los condenados. Sin embargo, los fiscales impulsan ahora un criterio más amplio, orientado a alcanzar bienes administrados por sociedades anónimas que formaron parte del entramado patrimonial denunciado. En ese listado se encuentran Hotesur y Los Sauces, dos firmas emblemáticas del caso.
La defensa intenta bloquear el avance alegando que las propiedades pertenecen formalmente a los hijos de la expresidenta. Pero para el Ministerio Público Fiscal, la estructura legal utilizada es irrelevante si se demuestra que el origen del dinero fue ilícito. Bajo esa lógica, la idea de que Cristina Kirchner podría quedar en la calle aparece directamente vinculada al endurecimiento de los criterios judiciales aplicados en esta etapa.
El nuevo listado, que incluye inmuebles anteriormente no considerados, será presentado ante el tribunal encargado de avanzar con el decomiso. Allí se determinarán los pasos a seguir y se definirán los bienes prioritarios en el proceso.
Los inmuebles decomisados quedan bajo control de la Corte Suprema para tasación
Los bienes alcanzados por el fallo no solo involucran a la expresidenta, sino también al empresario Lázaro Báez y otros condenados. Todos quedaron bajo la órbita de la Corte Suprema, que deberá tasar, inventariar y definir los procedimientos aplicables. El trabajo de evaluación podría prolongarse durante meses debido al volumen de propiedades involucradas.
Entre los bienes figura el Hotel Los Sauces, ubicado en El Calafate y valuado en unos 15 millones de dólares, administrado por los hijos de la expresidenta. Su destino —subasta, reutilización social o transferencia estatal— será resuelto por el tribunal conformado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En ese contexto, la posibilidad de que el departamento de Constitución sea decomisado refuerza la hipótesis de que Cristina Kirchner podría quedar en la calle si se confirma la procedencia irregular de los fondos utilizados en su adquisición.
La Justicia analiza el edificio cuya incautación podría dejar a Cristina Kirchner en la calle. (Foto de Tomas Cuesta/Getty Images)
El fallo destaca el rol reparador del decomiso ante hechos de corrupción
El fallo que impulsó el decomiso describe que, tratándose de bienes obtenidos mediante mecanismos delictivos, la medida se enmarca en la tradición del derecho penal argentino. Su objetivo central es impedir que quienes cometieron actos de corrupción mantengan beneficios patrimoniales. Además, el texto recuerda que Argentina asumió compromisos internacionales al firmar la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, ambas orientadas a recuperar activos ilícitos.
La resolución sostiene que deben considerarse decomisables todos los bienes que funcionaron como instrumentos o producto del delito, incluso si están registrados bajo sociedades o terceros. De ahí surge que Cristina Kirchner podría quedar en la calle si se determina que el departamento fue parte del circuito irregular descrito por los fiscales.
El futuro de los bienes abre interrogantes sobre el alcance del decomiso
Mientras avanza la tasación y se amplía el listado de propiedades en estudio, crece la expectativa por el destino final de los bienes. La Corte deberá decidir si se subastan, si se reutilizan con fines sociales o si se asignan a dependencias del Estado. El caso del departamento de Constitución se convirtió en uno de los puntos más sensibles del expediente.
La defensa de los hijos de la expresidenta evalúa nuevos recursos para frenar la incautación, aunque los cambios en los criterios judiciales limitan su margen de acción. En paralelo, se intensifica el debate sobre responsabilidad patrimonial y sobre el impacto político que podría tener un decomiso que confirme que Cristina Kirchner podría quedar en la calle.
En un escenario cargado de tensiones judiciales y repercusiones políticas, queda flotando una pregunta inevitable: ¿será este el momento en que la Justicia redefina por completo el futuro patrimonial de Cristina Kirchner?