Tensión en el sistema carcelario por el líder de Los Albín
El complejo penitenciario de Santiago Vázquez, conocido popularmente como el ex-Comcar, vuelve a ser el epicentro de un conflicto que mantiene en alerta máxima al Ministerio del Interior. Un grupo de internos de la Unidad 25 de máxima seguridad inició un ayuno de protesta, una medida de presión directa para exigir el traslado de Luis Fernando Fernández Albín a dicho establecimiento. Actualmente, el imputado se encuentra bajo un régimen de reclusión sumamente estricto en el Centro de Derivación de la Unidad 1 en Punta de Rieles, donde la tecnología y el aislamiento limitan cualquier contacto externo.
Para la Policía y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Fernández Albín no es un preso cualquiera; es un recluso de alto riesgo vinculado a una de las organizaciones de narcotráfico más pesadas del país. Las autoridades entienden que su ubicación actual es la única que garantiza el corte total de sus comunicaciones, gracias a un despliegue de videovigilancia, inhibidores de celulares y sensores de movimiento. Sin embargo, este «blindaje» es precisamente lo que los reclusos del Santiago Vázquez pretenden romper, alegando supuestas violaciones a los derechos humanos del líder de la banda.
La estrategia judicial y el habeas corpus de Fernández Albín
La pulseada por el lugar de reclusión comenzó poco después de que fuera extraditado desde Argentina en diciembre de 2025. El 16 de enero de este año, la defensa del narcotraficante presentó un recurso de habeas corpus, argumentando que las condiciones actuales en Punta de Rieles resultan inhumanas y restrictivas en exceso. Esta movida legal fue el puntapié inicial para que, semanas después, los internos del ex-Comcar se sumaran con una huelga de hambre «en solidaridad», una táctica común en el sistema penitenciario cuando las bandas buscan reagruparse.
Desde el Ministerio del Interior se observa con lupa este movimiento coordinado. El perfil de Albin justifica, según el gobierno, que se mantengan los dobles muros y cercos perimetrales. Haberlo traído en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya tras su captura en Buenos Aires no fue un despliegue mediático, sino una medida de seguridad ante el poder logístico de su organización, que ya ha demostrado tener capacidad para mover toneladas de cocaína y lavar activos a gran escala.
El peso de Los Albín en el territorio nacional
El reclamo por el traslado de Fernández Albín trasciende los muros de las cárceles. La banda que lidera opera principalmente en zonas de la periferia montevideana, y la inteligencia policial teme que un traslado a la Unidad 25 le permita retomar el control operativo del grupo. La investigación, que se inició en abril de 2025, ya permitió la incautación de dos mil kilos de cocaína y el procesamiento de ocho personas. Por eso, permitir que el detenido regrese al Santiago Vázquez es visto por muchos técnicos como un retroceso peligroso en la lucha contra el crimen organizado.
El monitoreo del INR es constante para evitar que el ayuno derive en un motín o, peor aún, en represalias violentas en los barrios donde Los Albín mantienen su influencia. En el ex-Comcar, el ambiente está espeso; los delegados de la Unidad 25 insisten en que se corten las medidas restrictivas que sufre Fernández Albín. Mientras tanto, las autoridades saben que ceder ante este tipo de presiones podría sentar un precedente nefasto en la gestión de presos de alta peligrosidad, especialmente cuando cumplen prisión preventiva por delitos tan graves.
Un sistema bajo presión en 2026
La situación de Fernández Albín pone a prueba la reforma del sistema carcelario que se intenta implementar este año. Si bien el derecho a la salud de los huelguistas debe preservarse, la seguridad pública es el argumento que hoy sostiene al jerarca en Punta de Rieles. Los próximos días serán claves para ver si el Poder Judicial da lugar al reclamo de la defensa o si mantiene la línea dura que ha caracterizado la detención de Fernández Albín desde que fue capturado en suelo argentino tras meses de estar prófugo.
La interna carcelaria suele ser un termómetro de lo que pasa afuera, en la calle. Un beneficio para el cabecilla de una banda de este calibre podría interpretarse como una victoria del narco sobre la administración pública. Por el momento, la orden es clara: vigilancia total y ninguna concesión que ponga en riesgo la cadena de mando del INR. La sombra de un conflicto mayor en Santiago Vázquez planea sobre una gestión que busca desesperadamente bajar los índices de violencia interna y desarticular los nexos entre el penal y el exterior.
¿Es posible equilibrar los derechos individuales de un preso de alta peligrosidad sin ceder ante la presión coordinada de las bandas criminales dentro del sistema carcelario?