La paz del Parlamento se vio alterada este martes por un tema que supera las ideologías y toca una fibra sensible: la seguridad del paciente. El senador colorado Pedro Bordaberry puso sobre la mesa un proyecto de ley que busca instalar cámaras y micrófonos obligatorios en todos los quirófanos y áreas críticas del sistema de salud, tanto público como privado. La iniciativa no nació en el vacío, sino de las cenizas de un caso que sacudió la opinión pública: la condena por mala praxis de la anestesista Inés Miralles.
Mientras en la Comisión de Salud del Senado la ministra Cristina Lustemberg intentaba dar explicaciones sobre la polémica decisión de reducir la inhabilitación profesional de la médica de cinco a tres años, afuera, en la calle, el debate ya estaba zanjado para muchos usuarios. La pregunta que flota en el aire es si el sistema de salud uruguayo es capaz de autocontrolarse o si, como sugiere la propuesta de Bordaberry, la única garantía de transparencia es un «ojo» permanente que registre cada movimiento.
Un caso que desnudó las grietas
El caso de Miralles no es solo una cuestión de mala praxis; es un relato de señales ignoradas. Documentos internos del Hospital Italiano, que salieron a la luz recientemente, prueban que ya en marzo de 2024 existían advertencias formales sobre su desempeño. Un informe firmado por el jefe del block quirúrgico de aquel entonces, Fausto Madrid, hablaba de «conductas compatibles con probable abuso de sustancias».
La indignación social no solo apunta a la mala praxis en sí, sino a la trama burocrática posterior. La rebaja de la sanción ministerial, que llevó a que gran parte de la Comisión Honoraria de Salud Pública renunciara en señal de protesta, fue la gota que colmó el vaso. En las salas de espera y en los pasillos de los sanatorios, los pacientes ahora se preguntan quién los cuida cuando quedan inconscientes sobre la camilla.
La tecnología como último refugio
La propuesta de Bordaberry, que busca implementar un registro «íntegro, continuo y seguro», pretende terminar con las versiones contradictorias en casos de negligencia. El proyecto detalla que el sistema debería captar audio y video desde el ingreso hasta la recuperación, con doble sistema de almacenamiento para evitar manipulaciones. Serían, en esencia, «cajas negras» como las de los aviones, pero aplicadas a la vida humana.
Para los médicos, la propuesta es un arma de doble filo. Algunos la ven como una intromisión en la privacidad y el ejercicio profesional; otros, en cambio, la reciben como una forma de protección ante denuncias infundadas. Pero, más allá de la postura gremial, el argumento de peso es la confidencialidad. «Los registros formarán parte de la historia clínica», advierte el texto, buscando blindar los datos bajo las mismas leyes que hoy protegen los secretos médicos.
El costo de la desconfianza
La comparecencia de Lustemberg en el Parlamento sirvió para demostrar que, cuando la confianza se rompe, las explicaciones políticas ya no alcanzan. La ministra tuvo que enfrentar no solo los cuestionamientos por la sanción reducida, sino también el escrutinio sobre si las decisiones técnicas fueron realmente eso o si pesaron factores ajenos a la ética médica.
La propuesta de Bordaberry llega en un momento de crisis reputacional del sistema. Si los médicos están bajo sospecha y el Ministerio de Salud es cuestionado por sus criterios de sanción, la cámara en el quirófano se presenta como la única «verdad absoluta». Es un remedio amargo y tecnocrático, sí, pero es el reflejo de una sociedad que ya no está dispuesta a aceptar respuestas vagas frente a tragedias evitables.