El silencio cómplice sobre el dinero público
Lo que comenzó como una decisión administrativa de la gestión de Yamandú Orsi para proteger el erario se ha transformado en un lodazal dialéctico. La detección de indicios firmes de fraude en el acuerdo con el astillero español Cardama —un contrato de 92 millones de dólares firmado durante la administración de Javier García— dejó al descubierto la fragilidad de los controles en las compras militares. Sin embargo, en lugar de explicaciones técnicas sobre cómo se permitió tal vulnerabilidad, el país asiste a un espectáculo de chicanas y descalificaciones personales que intentan tapar el verdadero fondo: el presunto intento de estafar a todos los uruguayos.
Rafael Michelini, referente del Frente Amplio, fue el encargado de poner el dedo en la llaga. Tras las críticas de García a la cancelación del contrato, Michelini no dudó en señalar la «amnesia» selectiva del exministro. Resulta, por lo menos, sospechoso que quien estuvo al frente de la cartera de Defensa prefiera hablar de «política menor» en lugar de exigir una investigación exhaustiva sobre cómo se llegó a validar un negocio con una empresa que hoy está bajo sospecha penal. El cuidado de los fondos públicos parece haber quedado en segundo plano frente a la necesidad de salvar el «buen nombre» político.
El Caso Cardama y la sombra de la Corrupción en Defensa
La reacción del oficialismo anterior ha sido, cuanto menos, defensiva. Javier García calificó de «irresponsable» la baja del contrato, alegando que el mar quedaría «al garete» frente al narcotráfico. Esta retórica del miedo parece ser el último refugio de una gestión que no puede explicar por qué se eligió a un astillero con dudosa solvencia y procesos plagados de irregularidades. Michelini fue contundente: el Ejecutivo ya realizó la denuncia penal por posible estafa, y mientras tanto, los responsables de la firma original parecen mirar hacia otro lado cuando se habla de corrupción.
El cruce subió de tono cuando Sebastián Da Silva, senador nacionalista, salió al ruedo con su estilo característico. En lugar de refutar los argumentos sobre el posible fraude o defender la transparencia del proceso de compra, Da Silva optó por el ataque personal y la burla. Al tildar a Michelini de tener «rostro de piedra» y enviarlo al «dermatólogo del comité», el legislador blanco solo logró confirmar la incapacidad de su sector para dar respuestas serias ante una denuncia de estafa millonaria. La táctica de desviar la atención hacia las internas ajenas —mencionando los audios de Collette Spinetti o las supuestas heridas de «piel de izquierda»— es una maniobra de distracción que insulta la inteligencia del contribuyente.
92 millones de dólares en el aire
El país no puede permitirse que una discusión sobre corrupción en Defensa termine en una pelea de red social. Estamos hablando de 92 millones de dólares que estuvieron a punto de entregarse a una empresa envuelta en sospechas de fraude. La irresponsabilidad no está en cancelar el contrato, como sugiere García, sino en haberlo firmado y defendido a capa y espada a pesar de las múltiples advertencias que surgieron desde el primer día. La soberanía marítima no se defiende con barcos comprados bajo sospecha de coimas, sino con una administración transparente y honesta.
El cinismo como estrategia política
La alusión de Da Silva a los «rostros de piedra» es una ironía que se vuelve en su contra. Quienes defendieron un acuerdo plagado de indicios de estafa y hoy se niegan a colaborar con una investigación a fondo son los que realmente demuestran una dureza facial asombrosa. El intento de vincular el caso Cardama con el descontento social hacia el gobierno de Orsi es un estiramiento lógico absurdo. La población no está preocupada por la «piel» de Michelini, sino por saber quiénes fueron los facilitadores locales de una estafa internacional que casi deja un agujero negro en las arcas del Estado.
La urgencia de la Justicia Penal
Este escándalo ya no se resuelve con «curitas» ni con chistes de Twitter. La denuncia penal ya está en curso y es allí donde se deberán depurar las responsabilidades. El corrupción en Defensa es un cáncer que carcome las instituciones, y el caso Cardama es el síntoma más visible de un sistema de compras que necesita ser desmantelado y reconstruido. Los uruguayos merecen saber la verdad: ¿hubo negligencia o hubo dolo? Mientras los políticos se tiran con «piedras», el dinero de la gente sigue siendo el botín de una guerra que apenas comienza.