La izquierda uruguaya atraviesa un momento de introspección forzada y, para muchos, de una victimización que roza la censura. En los últimos meses, el Frente Amplio y diversas organizaciones sociales han manifestado una preocupación creciente por lo que denominan una «ola de odio» en las plataformas digitales. Lo que antes eran debates de comité o intercambios en la prensa tradicional, hoy se ha convertido en un campo de batalla sin cuartel en X (antes Twitter), Facebook e Instagram, donde los descalificativos hacia los políticos de la izquierda uruguaya son moneda corriente y, a menudo, brutales.
Esta supuesta alarma democrática que agita el sector progresista uruguayo pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿estamos ante una campaña orquestada de desprestigio o simplemente ante una ciudadanía que perdió el respeto por las jerarquías políticas? Varios legisladores oficialistas han denunciado ser blanco de «trolls» y cuentas automatizadas que distorsionan sus dichos y atacan su vida privada. Sin embargo, para los sectores más críticos, esta queja sistemática de el bloque de izquierda en Uruguay es un intento por controlar la narrativa y silenciar el descontento popular que se expresa de forma visceral en el anonimato de la red.
El refugio en el victimismo como estrategia política
No es novedad que la corriente de izquierda uruguaya ha tenido históricamente un control aceitado de las movilizaciones de calle y del discurso intelectual. No obstante, el algoritmo de las redes sociales no parece responder a los mismos códigos de la militancia tradicional. Ante la pérdida de hegemonía en el relato digital, la respuesta de el progresismo en Uruguay ha sido el repliegue y la denuncia. Referentes del FA aseguran que los insultos y las noticias falsas afectan no solo su imagen, sino la calidad institucional del país, exigiendo que las plataformas asuman una responsabilidad más activa en la moderación de contenidos.
Esta postura ha generado rispideces con los defensores de la libertad de expresión, quienes ven con desconfianza que la oposición de izquierda en Uruguay intente legislar sobre lo que se puede o no decir en internet. El peligro de judicializar la opinión política, por más ácida o descalificadora que sea, es un camino de ida que Uruguay siempre ha evitado. Pero para el ala progresista uruguaya, el límite se cruzó hace rato, señalando que el acoso sistemático busca «anular» al adversario político y expulsarlo de la conversación pública mediante el miedo y el escarnio social.
El impacto de la desinformación en la izquierda uruguaya
Otro frente de batalla que desvela a la izquierda uruguaya es la velocidad con la que se propagan las noticias falsas. En un año electoral o de alta tensión política, un titular tendencioso puede hacer más daño que una interpelación parlamentaria. Dirigentes del sector progresista uruguayo sostienen que existe una financiación detrás de estas campañas de descalificación, apuntando a sectores de la derecha radical que habrían importado tácticas de polarización extrema vistas en otros países de la región. El problema es que, al denunciar esto, el bloque de izquierda en Uruguay a menudo mete en la misma bolsa a los «bots» y al ciudadano común que simplemente está enojado.
La corriente de izquierda uruguaya reclama un «pacto ético» entre los partidos para bajar los decibeles en las redes, pero la realidad es que el barro digital no siempre se genera en las sedes partidarias. La descentralización de la comunicación ha empoderado a voces que antes no tenían micrófono, y muchas de esas voces son profundamente hostiles a la agenda de el movimiento de izquierda en Uruguay. Esta pérdida de control sobre quién tiene la palabra es, quizás, el verdadero núcleo de la preocupación que hoy recorre los pasillos de la Torre Ejecutiva y la sede de la calle Colonia.
¿Censura encubierta o protección del debate?
A medida que se acercan instancias decisivas, el movimiento de izquierda en Uruguay parece decidida a no dejar pasar ni un solo agravio sin respuesta legal o mediática. El riesgo de esta estrategia es quedar desconectado de la realidad de la calle, donde el lenguaje es mucho menos cuidado que en un ateneo. Si las fuerzas de izquierda uruguayas se percibe a sí misma como una élite intocable que no tolera la crítica feroz, corre el riesgo de alimentar justamente aquello que intenta combatir: el resentimiento de una parte de la sociedad que siente que no puede expresarse sin ser etiquetada de «odiadora».
En definitiva, la preocupación por los descalificativos es real, pero la solución propuesta por la izquierda uruguaya genera dudas. ¿Se busca proteger la dignidad de las personas o se intenta blindar al poder político frente al escrutinio ciudadano, por más rudo que este sea? El equilibrio entre el respeto y la libertad es delicado, y en Uruguay, cualquier intento de tutelar la palabra ajena suele terminar pagándose caro en las urnas. La izquierda uruguaya deberá decidir si pelea en el terreno de las ideas o si prefiere seguir refugiada en el lamento por la mala educación de las redes.
¿Es la violencia digital una amenaza real a nuestra democracia o es simplemente el termómetro de una sociedad que ya no acepta el discurso edulcorado de la izquierda uruguaya?