El conflicto entre el astillero español Cardama y el Estado uruguayo no deja de escalar. En un giro que complica aún más la postura oficial, desde la empresa han denunciado formalmente que la decisión de rescindir el contrato para la construcción de los patrulleros oceánicos (OPV) no fue un hecho repentino, sino una hoja de ruta ya marcada por el Ejecutivo cinco meses antes de que se hiciera pública.
La denuncia, impulsada por la defensa del astillero, apunta directamente a la mala fe en la negociación. Según los abogados de la firma, existió una voluntad política deliberada para forzar la salida del contrato, ignorando los avances técnicos y los compromisos asumidos.
La defensa del astillero asegura que el Ejecutivo actuó con premeditación.
La estrategia de la «trampa»
Para Cardama, todo el proceso de auditoría y las posteriores denuncias sobre la garantía de fiel cumplimiento no fueron más que una excusa para validar una rescisión que ya estaba en el escritorio de las autoridades desde mucho antes. La empresa sostiene que se montó una operación mediática y administrativa para justificar un cese que, en los hechos, ya era una decisión tomada.
La denuncia pone en jaque al Gobierno, que siempre defendió su postura alegando que la rescisión fue una medida necesaria tras detectar irregularidades graves —incluyendo la famosa garantía falsa—. Ahora, la respuesta de Cardama no solo busca limpiar el nombre del astillero, sino que abre una puerta peligrosa: si se comprueba que el Gobierno actuó con premeditación, la demanda por daños y perjuicios que podría enfrentar el Estado uruguayo alcanzaría cifras millonarias.
El silencio del Poder Ejecutivo
Mientras tanto, en la Torre Ejecutiva prefieren mantener una postura de cautela. La Administración Orsi, que ha hecho de la rescisión de este contrato una de sus banderas de «transparencia», se ve ahora obligada a responder ante pruebas que, según los denunciantes, confirmarían que el tablero de ajedrez estaba movido desde hace meses.
Este conflicto, que comenzó con la adjudicación en la gestión pasada, se ha transformado en un dolor de cabeza logístico y legal. Con el país sin patrulleros y con una demanda internacional que amenaza las arcas públicas, la denuncia de Cardama no es solo un reclamo comercial: es un misil directo a la línea de flotación de la gestión actual.