Ruta 8

Una tragedia evitable: el femicidio en Treinta y Tres expone el fin de la protección

El domingo 7 de diciembre de 2025 se tiñó de dolor en el departamento de Treinta y Tres con la confirmación de un nuevo y espantoso acto de violencia de género. Un femicidio en Treinta y Tres se registró en horas de la tarde, cuando una mujer de 45 años fue asesinada por su expareja, un hombre de 53 años, en el predio de una estación de servicio sobre la ruta 8. La crudeza del hecho y los antecedentes de la pareja ponen en el ojo de la tormenta la eficacia de las medidas de protección del Estado.

El drama se desencadenó cuando la víctima llegó al local comercial de la estación de servicio pidiendo ayuda desesperadamente. Sin embargo, su expareja la siguió. Según información policial primaria a la que accedió la prensa, el hombre logró encerrar a la mujer en una pieza. Para entonces, la Policía ya había sido alertada y se dirigía al lugar, pero fue demasiado tarde. La mujer fue víctima de un crimen de género a plena luz del día.

La secuencia de terror y las detonaciones

El parte policial detalla los escalofriantes minutos finales de esta tragedia. Cuando los efectivos policiales llegaron a la estación de servicio, se escucharon dos detonaciones de arma de fuego. El hombre le había disparado a la mujer y luego se disparó a sí mismo en la cabeza. Los servicios médicos convocados de emergencia constataron que, lamentablemente, la mujer ya estaba sin signos vitales.

El agresor, por su parte, fue encontrado con vida y fue derivado de inmediato a un centro de salud. Se informó que su estado era de suma gravedad, quedando en CTI. Este desenlace trágico subraya la vulnerabilidad extrema a la que se enfrentan las mujeres que buscan escapar de un agresor, incluso en lugares públicos. El femicidio en Treinta y Tres se consumó a pesar de los pedidos de auxilio y la cercanía de los efectivos.

Las medidas de protección que caducaron: clave del femicidio en Treinta y Tres

Uno de los aspectos más sensibles de este caso es el historial de la pareja. La mujer y el agresor estaban separados desde hacía un tiempo y, lo que es crucial, habían estado bajo medidas cautelares de no acercamiento. Hasta comienzos de octubre del mismo año, regía para el agresor un dispositivo electrónico de monitoreo, conocido popularmente como tobillera.

Esto implica que la mujer había sido reconocida por el sistema judicial como una víctima en riesgo, pero las medidas preventivas fueron levantadas. El informe primario indica que, luego de quitada la tobillera electrónica, no se habían registrado nuevas denuncias de violencia. Esta «ventana» sin vigilancia resultó fatal, permitiendo que el agresor se acercara y perpetrara el crimen. El femicidio en Treinta y Tres se transforma así en un caso paradigmático de cuándo y cómo deben cesar las medidas de protección.

La mujer en riesgo y la responsabilidad institucional

La situación plantea interrogantes incómodos sobre la rigurosidad con que se evalúa el riesgo una vez que finaliza una orden de restricción. Un agresor con antecedentes de violencia, que portaba un arma de fuego y que fue capaz de matar a su expareja en un lugar público, evidentemente seguía representando un peligro latente. El hecho de que la víctima llegara a una estación de servicio pidiendo ayuda desesperadamente demuestra que la sensación de inseguridad era real y justificada, aun sin una denuncia fresca.

La fiscalía correspondiente, junto a la policía departamental, está trabajando intensamente en la recolección de pruebas, incluyendo los registros de cámaras de seguridad del local y el análisis de los antecedentes judiciales de la pareja. La clave será determinar qué elementos se tomaron en cuenta para finalizar las medidas de monitoreo electrónico y si el agresor estaba bajo algún tipo de seguimiento policial luego del cese, especialmente después de que el sistema judicial tuvo conocimiento previo de la violencia. El homicidio por violencia de género en Treinta y Tres no debe quedar impune ni ser olvidado.

El clamor por Ni Una Menos y la falla estructural

El Asesinato de la mujer en Treinta y Tres no es un hecho aislado, sino un trágico recordatorio de las cifras alarmantes que maneja Uruguay en cuanto a violencia de género. Cada vez que ocurre un crimen de este tipo, la sociedad se pregunta qué más se puede hacer para proteger a las víctimas que ya han dado el paso de denunciar y que, supuestamente, están bajo el amparo de la Justicia.

Este caso, en particular, generará un debate ineludible sobre la vigilancia post-medidas. ¿Debería el sistema requerir una evaluación de riesgo más profunda antes de retirar dispositivos como la tobillera electrónica? La muerte de la mujer en Treinta y Tres es una herida abierta que exige respuestas y acciones concretas para evitar que otras vidas se pierdan en circunstancias similares. La respuesta institucional y judicial debe ser contundente ante el crimen de género en Treinta y Tres.

La culminación de este brutal femicidio , ocurrido justo después del cese de las medidas de protección electrónica y en un entorno público, ¿no obliga a Uruguay a repensar si el peso de la prueba de no-peligrosidad recae demasiado pronto sobre la víctima en lugar de sostenerse en la peligrosidad probada del agresor?