La corrupción en la JUTEP ha dejado de ser un fantasma para convertirse en una denuncia formal que sacude los cimientos de la transparencia en Uruguay. Luis Calabria, representante del Partido Nacional en el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, ha destapado una «olla a presión» institucional al documentar lo que define como un proceso deliberado de erosión de la legalidad. Según el informe presentado ante el Directorio blanco, el organismo encargado de vigilar la integridad del Estado ha sido capturado por una lógica de «votos sobre normas», desplazando el criterio técnico-jurídico por intereses puramente partidarios.
La gravedad del escenario descrito por Calabria no tiene precedentes cercanos. El director opositor sostiene que existe un patrón acumulativo de irregularidades que buscan, en última instancia, sustituir el análisis independiente de la Asesoría Letrada por decisiones «manejables» desde la mayoría oficialista del directorio. Este «apagón técnico» representaría un daño potencialmente irreversible para la credibilidad de un organismo cuya única razón de existir es, precisamente, combatir la opacidad en la administración pública.
El desplazamiento de la Ley: instrucciones verbales y expedientes paralelos
Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia es la modificación «de facto» de los protocolos para el tratamiento de denuncias. Según Calabria, desde mediados de 2025 se ha desplazado a la Asesoría Letrada del circuito administrativo, enviando los expedientes directamente a la Secretaría bajo mandatos verbales de la presidencia. Este cambio, que carece de resolución formal, anula la trazabilidad de las investigaciones y permite un manejo discrecional de casos sensibles.
Como ejemplo de esta corrupción en la JUTEP, se citó el tratamiento excepcional del expediente contra el actual director de la OPP, Rodrigo Arim. Calabria documentó en actas que se realizaron actuaciones paralelas e intercambios de correos electrónicos que nunca fueron incorporados formalmente al expediente, afectando el derecho de defensa y la transparencia del proceso. Además, denunció que integrantes del directorio, como el vicepresidente Alfredo Asti, habrían intervenido directamente en análisis técnicos antes de que los servicios jurídicos del organismo pudieran pronunciarse, un hecho que rompe cualquier principio de independencia.
La censura en las resoluciones y el caso Salto
La denuncia también alcanza la forma en que se comunican las decisiones al público. Calabria reveló un cambio de criterio drástico: las resoluciones aprobadas por mayoría ya no consignarán los fundamentos de la discordia. Esta medida obliga a quien quiera conocer la opinión contraria a bucear en actas de sesiones que muchas veces no son de fácil acceso, quitando transparencia a los actos administrativos. Incluso se denunció que resoluciones ya publicadas, como la referida a la exministra Azucena Arbeleche, fueron «bajadas» de la web institucional y editadas para eliminar los argumentos opositores.
El clima de tensión se intensifica con el caso de presunto nepotismo en la Intendencia de Salto. El Partido Nacional cuestiona la celeridad «express» con la que se resolvió la denuncia contra el hijo del secretario general de la comuna salteña. Según los blancos, la JUTEP cerró el caso en apenas tres meses, justo antes de que Calabria asumiera su cargo, y pasando por encima de un informe técnico que no encontraba evidencias de nepotismo ni corrupción, términos que finalmente fueron agregados de forma política por el directorio.
Consecuencias de un «contralor político»
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, fue tajante al calificar la situación como un intento de instalar un «contralor político» por encima del técnico. La preocupación radica en que, si la JUTEP pierde su independencia técnica, deja de ser un órgano de control para convertirse en una herramienta de persecución o blindaje político. Ante la gravedad de los hechos, la Agrupación Parlamentaria nacionalista ya evalúa citar de urgencia al ministro de Educación y Cultura para que brinde explicaciones sobre la tutela administrativa del organismo.
En conclusión, la crisis que atraviesa la JUTEP marca un punto de inflexión en la política de transparencia uruguaya. Si el organismo encargado de exigir integridad al resto del Estado sucumbe a la opacidad procedimental, el daño a la confianza ciudadana será profundo. La resolución de los recursos pendientes y la posible intervención parlamentaria determinarán si la JUTEP puede recuperar su rol técnico o si quedará definitivamente herida por la partidización de la ética.