Justicia en Uruguay: el malestar de Manini Ríos ante las condenas por torturas en San Javier
El escenario político se vio sacudido este inicio de año por una nueva arremetida de Guido Manini Ríos contra el funcionamiento de la Justicia en Uruguay. El líder de Cabildo Abierto, que construyó su imagen pública bajo la premisa de restaurar el orden y la autoridad, parece haber olvidado sus eslóganes de campaña al cuestionar con dureza un fallo judicial que revoca la prisión domiciliaria para siete militares. Los uniformados habían sido condenados por crímenes de tortura cometidos en la localidad de San Javier entre 1980 y 1984, un episodio oscuro de la historia nacional que ahora encuentra una respuesta punitiva firme.
Para el excomandante en jefe del Ejército, la decisión del Tribunal de Apelaciones de cuarto turno no es más que una «caricatura de justicia» y un proceso de «venganza» que se viene consumando sistemáticamente. Sin embargo, este discurso de Manini Ríos genera un ruido ensordecedor cuando se lo contrasta con su histórica demanda de «terminar el recreo» para la delincuencia. Al parecer, para el senador cabildante, la Justicia en Uruguay solo es válida cuando se aplica a ciertos sectores, mientras que se vuelve «bochornosa» cuando alcanza a antiguos camaradas de armas procesados por violaciones a los derechos humanos.
El caso San Javier y la respuesta de la Justicia en Uruguay
La causa que tanto molesta a Manini Ríos se centra en operativos represivos realizados en la colonia rusa de San Javier, en el departamento de Río Negro. Durante los años 1980 y 1984, decenas de ciudadanos, incluyendo menores de edad y adolescentes, fueron detenidos y sometidos a tormentos bajo la falsa premisa de desarticular una «célula comunista» inexistente. El objetivo real era generar conmoción política antes del plebiscito constitucional, un accionar que la Justicia en Uruguay finalmente ha logrado tipificar y castigar tras décadas de impunidad.
Entre los condenados que ahora deberán cumplir prisión efectiva se encuentran figuras como Óscar Mario Roca y Daniel Edgardo Castellá, quienes formaron parte de una estructura que terminó con la vida del médico Vladimir Roslik tras sesiones de tortura. Manini Ríos minimiza estos hechos calificándolos como sucesos de hace «más de 40 años» y pone en duda la veracidad de los testimonios de las víctimas. Este intento de desacreditar a la Justicia en Uruguay mediante la relativización del horror vivido en San Javier es visto por analistas como una jugada peligrosa que erosiona las instituciones republicanas.
Manini Ríos y su cruzada contra los principios de la Justicia en Uruguay
El líder de Cabildo Abierto no se quedó solo en el cuestionamiento del fallo puntual, sino que lanzó una crítica estructural a la judicatura nacional. Aseguró que en esta etapa no se respetan los tiempos de prescripción ni la irretroactividad de la ley, principios que, según su óptica, están siendo pisoteados por la Justicia en Uruguay para perseguir a militares retirados. Este relato ignora que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles por tratados internacionales a los que el país adhirió, un detalle legal que Manini prefiere omitir en sus descargos públicos.
Resulta paradójico que un dirigente que reclama mayor rigurosidad en las penas y critica constantemente la supuesta «benevolencia» de los jueces hacia los delincuentes comunes, hoy se queje de que se aplique prisión efectiva a torturadores probados. Para Manini Ríos, el hecho de que el Tribunal actuara durante la feria judicial es una prueba de «bochorno», obviando que la celeridad es un valor deseable en cualquier sistema de Justicia en Uruguay. Su postura parece sugerir que los militares deberían gozar de un estatus jurídico especial, ajeno a las reglas que rigen para el resto de los ciudadanos.
La impunidad bajo la lupa de la Justicia en Uruguay
El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad ha sido claro al detallar que los operativos en San Javier no fueron errores aislados, sino maniobras planificadas para aterrorizar a la población. La muerte de Roslik es el punto más alto de una cadena de abusos que Manini intenta reducir a «testimonios dudosos. Esta actitud defensiva del cabildante no solo ofende la memoria de las víctimas, sino que pone en tela de juicio la imparcialidad de la Justicia en Uruguay, sugiriendo que existe una suerte de persecución ideológica orquestada desde los juzgados.
A pesar de las presiones políticas y las declaraciones altisonantes desde las redes sociales, el proceso judicial sigue su curso. La revocación de la prisión domiciliaria para los siete militares involucrados es un mensaje contundente de que la Justicia en Uruguay no admite privilegios cuando se trata de crímenes contra la humanidad. Mientras Manini Ríos insiste con la teoría de la «venganza», la sociedad uruguaya observa cómo aquellos que prometían ser el brazo fuerte de la ley hoy se muestran como sus principales detractores cuando el veredicto no les favorece.
¿Puede un líder político que aspira a gobernar el país cuestionar con tanta ligereza la legitimidad de los fallos judiciales solo porque afectan a su círculo cercano?