Giro judicial en la investigación sobre Defensa: oficialismo apunta a presuntas irregularidades administrativas
El escenario político nacional se ve sacudido por un nuevo avance en el Caso Cardama , luego de que la bancada de la Coalición pusiera sobre la mesa la posibilidad de iniciar acciones penales contra la actual conducción del Ministerio de Defensa. El foco de la controversia radica en una serie de encuentros realizados en marzo de 2025, donde se habrían recabado testimonios de alta sensibilidad sin el respaldo legal correspondiente.
Un interrogatorio bajo la lupa legal
La acusación, impulsada inicialmente desde el Partido Independiente, sostiene que la titular de la cartera, junto a dos colaboradores cercanos, habría sometido a un cuestionamiento formal al entonces excomandante de la Armada, Jorge Wilson. Lo que agrava la situación, según los legisladores oficialistas, es que en aquel momento los asesores implicados no poseían una designación oficial ni vínculo administrativo vigente con el Estado uruguayo.
Durante estas sesiones de recolección de datos, se habría manipulado información de carácter reservado. El legislador Gerardo Sotelo fue tajante al señalar que este proceder podría encuadrar en el delito de pesquisa, una figura jurídica contemplada en el artículo 287 del Código Penal. Esta norma sanciona a aquellos funcionarios que, omitiendo las formalidades que dicta la ley o excediendo sus competencias, ejecuten registros o inspecciones personales de forma arbitraria.
El argumento de la «autorización verbal»
La defensa de los implicados ha intentado justificar el accionar bajo la premisa de una supuesta validación de palabra. Sin embargo, para la Comisión Investigadora, este argumento no hace más que confirmar la irregularidad del proceso. La normativa vigente en Uruguay es estricta respecto a los protocolos de designación y el manejo de datos de seguridad nacional, por lo que una venia informal no sustituye el decreto administrativo exigido para tales funciones.
Las resoluciones de contratación de los adscriptos involucrados habrían sido emitidas meses después de los encuentros con el exjefe de la Armada. Este desfasaje temporal es el pilar de la denuncia, ya que implicaría que particulares accedieron a información de inteligencia y realizaron tareas de supervisión militar sin estar debidamente investidos por la autoridad republicana.
Impacto institucional y próximos pasos
La coordinación de la Coalición evalúa ahora los tiempos para trasladar estas actuaciones a la órbita de la Fiscalía. El impacto de este movimiento judicial podría redefinir las responsabilidades políticas dentro de la cartera de Defensa, en un contexto donde el Caso Cardama ya genera fricciones de alto nivel en el Parlamento.
De confirmarse el inicio de la causa penal, la justicia deberá determinar si existió un abuso de funciones o si la omisión de las formas legales constituyó una violación a los derechos de los interrogados. Mientras tanto, el oficialismo mantiene la presión sobre la ministra, exigiendo transparencia total sobre quién ordenó las entrevistas y bajo qué marco jurídico se permitió que personal no jerárquico manejara expedientes reservados de las Fuerzas Armadas.