Control de garrapata es el término que hoy mantiene en vilo a las autoridades uruguayas tras la advertencia del ministro Alfredo Fratti sobre el riesgo de enfrentar una crisis sanitaria similar a la de la fiebre aftosa. El titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) expresó su profunda preocupación ante la imposibilidad actual de sancionar a los productores responsables de la presencia de residuos de garrapaticidas en carne exportada a China. Esta situación ya generó la suspensión del frigorífico San Jacinto por parte de las autoridades chinas, tras detectarse trazas de fluazurón.
Fratti manifestó su frustración al señalar que, a pesar de tener identificados a los infractores, el marco legal vigente y las acciones de los servicios jurídicos de las gremiales agropecuarias han impedido la aplicación de suspensiones inmediatas. Según el ministro, los tiempos administrativos del Estado para aplicar multas pueden demorar más de un año, lo que permite que los establecimientos observados sigan volcando ganado al mercado, manteniendo latente el riesgo de nuevos incidentes comerciales en el exterior.
Por qué el control de garrapata divide al Gobierno y las gremiales
La tensión entre el Poder Ejecutivo y las asociaciones de productores ha escalado debido a lo que Fratti define como una «traba» de los abogados de las gremiales. El ministro aseguró que el MGAP fue «tapado a pedidos» legales que evitaron sanciones efectivas contra unos 40 productores identificados. La intención de la cartera era publicar los nombres de los predios observados para que la industria frigorífica pudiera adoptar medidas de control de proveedores, pero esta iniciativa fue rechazada por estudios jurídicos que alegaron la ilegalidad de dicha lista pública.
Desde la otra vereda, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) sostiene una postura cautelosa. Su presidente, Rafael Ferber, manifestó que no es conveniente otorgar a los frigoríficos acceso a listas de infractores, ya que esto podría ser utilizado como una herramienta comercial para presionar a la baja el precio del ganado. Para la ARU, si existe una falta, es el propio ministerio quien debe retirar al productor del sistema sin delegar esa responsabilidad en el sector privado. Este cruce de visiones pone de manifiesto la dificultad de articular una política sanitaria unificada en un momento donde la reputación de la carne uruguaya está en juego.
Nuevas medidas legislativas y rotulado
Ante la falta de herramientas para actuar con celeridad, el MGAP prepara un decreto que permita interdictar los predios infractores de manera automática. El objetivo es que aquel productor que no respete los tiempos de espera requeridos para la faena no pueda embarcar ganado por un período determinado. Fratti enfatizó que quienes incumplieron estas normas no son pequeños productores, sino establecimientos con capacidad técnica para conocer las exigencias de los mercados internacionales.
Además, el ministerio planea implementar cambios en el empaquetado de los productos veterinarios. Se anunció la futura incorporación de un octógono en las cajas de los garrapaticidas que indique claramente el tiempo de espera necesario antes de la faena. Esta medida busca eliminar la excusa de la «letra chica» en las etiquetas y asegurar que el operario o el responsable del establecimiento tenga plena conciencia de cuándo ese animal está apto para el consumo humano según los estándares de China y otros destinos exigentes.
El fantasma de la aftosa y el riesgo país
La comparación con la epidemia de fiebre aftosa no es casual. Fratti busca sacudir la conciencia de la cadena cárnica al recordar las consecuencias devastadoras de un cierre masivo de mercados. El ministro reconoció que la presión por el uso de medicamentos ha aumentado debido a la flexibilización que hubo años atrás con el tránsito de ganado con garrapata, lo que extendió el parásito a zonas donde antes no tenía presencia.
Asegurar el éxito en el control de garrapata en los establecimientos es, para el Gobierno, la única forma de evitar una «catástrofe» económica. Mientras la ciencia veterinaria discute si las pautas de aplicación actuales son suficientes o si hace falta más investigación sobre la acumulación de residuos, la urgencia comercial manda. El MGAP insiste en que los controles realizados por China no son arbitrarios y que los estudios internos han confirmado la presencia de los mismos químicos detectados en destino.