Ex cura salteño acusado de abusos en Bolivia fue detenido este viernes 26.
El viernes 26 de septiembre de 2025, la ciudad de Salto fue escenario de un operativo policial de alto impacto. En una acción coordinada con la fiscalía de Montevideo, las autoridades lograron la detención de Juan José Sant’Anna, ex sacerdote católico, acusado del presunto abuso de al menos 30 menores durante su ejercicio pastoral en Bolivia. Si seguís de cerca los casos de justicia transnacional, este episodio marca un precedente importante en la cooperación entre países latinoamericanos frente a delitos sexuales cometidos por figuras religiosas.
El operativo: captura en pleno barrio salteño
La detención se produjo en horas de la mañana, en la vivienda que Sant’Anna ocupaba por calle Soca casi Charrúa, a pocos metros del Club Palomar. El despliegue incluyó efectivos llegados desde la capital, quienes actuaron con discreción pero firmeza. El ex sacerdote fue arrestado sin resistencia y trasladado para iniciar los trámites judiciales correspondientes.
Desde hacía semanas, Sant’Anna residía en la casa paterna, tras haber abandonado los hábitos religiosos en Bolivia. Allí había logrado mantenerse alejado del foco público, hasta que una investigación periodística del diario El País reveló su paradero y los antecedentes que lo vinculan con múltiples denuncias por abuso sexual infantil.
Antecedentes en Bolivia: ordenación, denuncias y fuga
Juan José Sant’Anna fue ordenado sacerdote en Bolivia, donde ejerció durante años en distintas parroquias. Según las denuncias presentadas en ese país, habría cometido abusos sistemáticos contra menores, aprovechando su rol de autoridad espiritual. Las víctimas, en su mayoría niños y adolescentes, comenzaron a hablar tras la salida del religioso del ministerio eclesiástico.
Tras dejar los hábitos, Sant’Anna se trasladó a Uruguay, específicamente a Salto, donde permanecía hasta su detención. La justicia boliviana había emitido una solicitud de cooperación internacional, que fue activada por las autoridades uruguayas luego de la publicación del caso en medios nacionales.
La fiscalía uruguaya y el proceso de extradición
La fiscalía de Montevideo tomó intervención directa en el caso, dada la gravedad de las acusaciones y el interés internacional. Se estima que en los próximos días se iniciarán los procedimientos para el traslado de Sant’Anna a Bolivia, donde deberá comparecer ante la justicia.
El proceso se enmarca en los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países, que permiten la extradición de ciudadanos acusados de delitos graves. En este caso, el volumen de denuncias y la presión pública aceleraron la respuesta institucional.
Presión social y denuncia colectiva
Además de la cobertura mediática, el colectivo feminista salteño La Revuelta Subversiva había denunciado públicamente la presencia de Sant’Anna en la ciudad. A través de comunicados y acciones de visibilización, alertaron sobre el riesgo que representaba su permanencia en el entorno comunitario.
Estas denuncias fueron clave para que la fiscalía actuara con celeridad. La articulación entre medios, organizaciones sociales y el sistema judicial permitió que el caso avanzara con rapidez, evitando que el acusado pudiera evadir la justicia.
Impacto institucional y eclesiástico
La detención de Sant’Anna vuelve a poner en evidencia la necesidad de mecanismos más rigurosos para prevenir y sancionar abusos dentro de instituciones religiosas. Aunque el acusado ya no forma parte del clero, su historia refleja fallas estructurales en los sistemas de control y protección de menores.
En Bolivia, el caso ha sido seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos, que reclaman un juicio transparente y con garantías para las víctimas. La expectativa es que Sant’Anna enfrente un proceso judicial justo, que permita esclarecer los hechos y reparar el daño causado.
Cooperación judicial y justicia transnacional
Este episodio marca un hito en la cooperación judicial entre Uruguay y Bolivia. La extradición, si se concreta, será una señal clara de que los delitos sexuales no quedan impunes, sin importar fronteras ni investiduras. También refuerza el rol de la prensa y la sociedad civil como motores de justicia.
Para vos, como lector, este caso plantea preguntas profundas sobre el papel de las instituciones religiosas, la responsabilidad del Estado y la capacidad de los sistemas judiciales para actuar con firmeza ante delitos de esta magnitud.