El escándalo de la muerte de Jona Núñez en Salto: Una conferencia de excusas burdas y mentiras oficiales
El Hospital Regional de Salto fue el escenario de una bochornosa conferencia de prensa marcada por la tensión, la presencia policial y la indignación generalizada. El motivo central fue la reciente muerte de Jona Núñez en Salto, un influencer local cuyo fallecimiento ha destapado cuestionamientos profundos sobre la atención sanitaria estatal. La directora del centro, Gabriela González, intentó dar explicaciones, pero su exposición solo sirvió para echar más leña al fuego de la indignación.
Rodeada por efectivos de la Policía y con familiares del joven fallecido presentes, la jerarca optó por la peor estrategia: la negación burda y el parapeto burocrático. En lugar de asumir responsabilidades por la muerte de Jona Núñez, González se dedicó a desmentir la realidad pública. Su gestión, lejos de mostrar empatía, evidenció una alarmante desconexión con el drama que vive la sociedad salteña.
La indolencia expuesta: desconocimiento deliberado de los reclamos del paciente
El punto más escandaloso de la exposición de González fue su afirmación categórica: dijo que no tenía «conocimiento del reclamo público» que el joven había realizado en redes sociales, donde denunciaba que llevaba más de cuatro meses sin la atención médica necesaria. La directora se atrincheró en la burocracia, sosteniendo que el Hospital no se maneja por «reclamos en redes sociales».
Esta declaración es, a todas luces, una muestra de una indolencia inaceptable. Que un paciente esté gritando su agonía en las plataformas públicas y que la máxima autoridad sanitaria de la región lo ignore, porque «no es un canal institucional», es un fracaso demoledor de la gestión. La muerte de Jona Núñez en Salto se convierte así en la trágica prueba de que, para el Hospital, la vida de un paciente vale menos que el respeto a un protocolo obsoleto.
La versión oficial de que nunca hubo un reclamo formal dentro de los canales institucionales es altamente sospechosa y apunta a una estrategia de blindaje. La jerarquía del hospital está más preocupada por evadir responsabilidades que por reconocer la falla sistémica que llevó a la muerte de Jona Núñez en Salto. Se trata de una mentira institucional que busca desacreditar la denuncia pública del joven.
Secretos médicos y tomografías que llegan tarde
Otro intento fallido de la directora fue escudarse en el «secreto médico» para evitar dar declaraciones de fondo sobre el caso, especialmente en presencia de los familiares que exigían la verdad. Es un recurso legalmente válido, pero éticamente deplorable en un contexto de sospecha de negligencia. Utilizar el secreto médico como un muro para evitar la crítica es la maniobra más básica de quien intenta ocultar una verdad incómoda.
La revisión de la historia clínica, citada por la propia directora, reveló una secuencia de hechos que solo agrava el panorama de la gestión. Se constató que Jona Núñez tenía un estudio tomográfico pautado para el 4 de diciembre, pero este fue suspendido. ¿La razón oficial? Supuestamente el paciente «no reunía las condiciones necesarias» para el examen en esa instancia. Es difícil no interpretar esta justificación como una excusa a destiempo.
Finalmente, la tomografía tan requerida se efectuó el 10 de diciembre, pero ya era demasiado tarde. El deceso de Jona Núñez se produjo poco después, sugiriendo una demora fatal en un diagnóstico o tratamiento clave. El relato oficial de las fechas y suspensiones solo apunta a una gestión negligente que se movió con una lentitud criminal ante la urgencia de la vida del joven. La muerte de Jona Núñez en Salto fue el resultado de una burocracia insensible.
El caos de la conferencia y la investigación administrativa: un mero formalismo
El clima de la conferencia de prensa fue un espejo de la tensión social que vive Salto. La solicitud por parte de la prensa para que integrantes del MPP se retiraran del salón ya marcaba el inicio de una instancia cargada de intercambios acalorados entre los periodistas y la directora. La exposición de González, en lugar de calmar los ánimos, avivó el fuego de la confrontación al mostrarse evasiva y esquiva con la información.
El remate de la comparecencia fue el anuncio de que se iniciará una «investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido. Este anuncio, lejos de generar confianza, suena a un formalismo vacío, a una medida de distracción que busca contener la crisis. ¿Puede el mismo sistema que falló y que ahora miente, investigarse a sí mismo con rigor? Es difícil creer que esta investigación no terminará en el clásico «carpetazo» uruguayo.
La muerte de Jona Núñez en Salto no es un error de protocolo, es una mancha vergonzosa en la gestión de la salud pública. La dirección del Hospital de Salto ha demostrado que su prioridad no es la vida de los pacientes, sino el mantenimiento de su imagen institucional.
¿Hasta cuándo la cúpula de ASSE y el Ministerio de Salud Pública permitirán que la dirección de Salto siga escudándose en excusas mientras el drama de la muerte de Jona Núñez en Salto clama por justicia y transparencia?