En el Uruguay de los últimos años, existe un elefante en la habitación del que muy pocos se atreven a hablar con propiedad: el tamaño desproporcionado de una estructura estatal que parece diseñada para succionar el esfuerzo ajeno. El gasto público en Uruguay dejó de ser una herramienta de redistribución para convertirse en un mecanismo de depredación sistemática sobre el sector privado. No estamos hablando solo de las cifras del déficit fiscal que se discuten en el Parlamento; hablamos de un fenómeno más profundo donde el aparato público absorbe más de la mitad de la riqueza que generan los uruguayos con su trabajo diario.
Si aplicamos la lógica económica de Murray Rothbard, la conclusión es tan clara como dolorosa: la «depredación estatal» en nuestro país ya superó el umbral de lo tolerable. Lo que efectivamente queda en manos de quienes producen —el llamado producto privado remanente— es una fracción cada vez más pequeña de su esfuerzo bruto. El Estado uruguayo se ha convertido en un socio mayoritario forzoso que se lleva el 50% de la torta sin haber puesto un gramo de harina, dejando al sector privado con las migajas para intentar invertir, ahorrar o simplemente consumir.
Las dos caras de la decadencia por el gasto público en Uruguay
Para entender cómo llegamos a este callejón sin salida, hay que mirar la última década con ojo crítico. Entre 2005 y 2015, el boom de los precios de las materias primas actuó como un analgésico que ocultó el crecimiento del tumor estatal. Como la economía crecía a tasas chinas, la carga parecía más liviana, aunque en términos absolutos el Estado no paraba de expandirse. Fue la «ilusión del crecimiento»: todos sentían que avanzaban, pero pocos notaban que el sector público corría mucho más rápido, preparándose para el zarpazo final cuando el viento de cola se terminara.
A partir de 2015, la realidad nos pegó de frente y el panorama cambió radicalmente. El ingreso privado se estancó y, en muchos casos, retrocedió en términos reales per cápita, pero la maquinaria del gasto público en Uruguay no acusó recibo y siguió aumentando su presión. El resultado es el que vemos hoy en las calles y en los comercios: una participación estatal sobre el ingreso privado que supera cómodamente el 50%. El Estado ya no acompaña el crecimiento, ahora lo devora directamente para mantener una estructura que le queda enorme a la capacidad productiva nacional.
Los tentáculos que alimentan el gasto público en Uruguay
Cuando hablamos de este saqueo, muchos piensan solo en el IVA o el IRPF, pero la depredación es mucho más sofisticada y abarca múltiples frentes. El Gobierno central es solo la punta del iceberg con sus impuestos nacionales. Atrás viene el BPS con contribuciones que castigan tanto al patrón como al empleado, convirtiendo el trabajo formal en un lujo carísimo. Es una trampa perfecta donde el que intenta estar en regla termina siendo el más castigado por la voracidad fiscal de un sistema previsional que cruje por todos lados.
A esto debemos sumarle el rol de las empresas públicas, que en Uruguay funcionan muchas veces como agencias de recaudación encubiertas. Las tarifas de UTE, OSE y ANCAP no siempre reflejan costos de eficiencia, sino la necesidad del fisco de tapar agujeros negros. Si a esto le agregamos la presión de los gobiernos departamentales con patentes y contribuciones inmobiliarias que suben por ascensor mientras los servicios van por la escalera, el panorama es desolador. El gasto público en Uruguay se financia con cada litro de nafta y cada factura de luz que paga el ciudadano.
La urgencia de una reforma estructural sin maquillaje
Seguir creyendo que el problema se soluciona «gastando mejor» o «recaudando más» es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. La enfermedad es el tamaño mismo de la estructura. El sector privado no es un enemigo del bienestar social, es su única fuente genuina; el Estado no crea riqueza, solo la redistribuye después de habérsela quitado a alguien más. Cuando el margen para la inversión privada se comprime por el peso del gasto público en Uruguay, el resultado inevitable es el estancamiento que venimos sufriendo desde hace diez años.
Uruguay necesita una reforma del Estado que sea deliberada y profunda, que tenga como objetivo explícito devolverle el aire al sector productivo. Necesitamos niveles de gasto sostenibles y comparables con los países que realmente crecen, no con los que se hunden en la burocracia. Cada año que pasa sin una reducción real del peso estatal, la desproproción se agrava y el incentivo para producir se apaga un poco más. El camino actual solo conduce a una redistribución de la miseria, donde cada vez somos menos los que empujamos el carro y más los que viajan arriba.
¿Podremos algún día tener una clase política con el coraje suficiente para admitir que el Estado uruguayo es un gigante con pies de barro que está terminando de hundir a sus propios ciudadanos?