El atentado a la fiscal Mónica Ferrero ocurrió la madrugada del domingo 28 de setiembre en su vivienda de Jacinto Vera.
Dos delincuentes lanzaron una granada y efectuaron disparos en el fondo de la casa mientras la fiscal y su hijo estaban dentro.
Ferrero contó ante la Comisión del Senado que los vidrios cayeron por la explosión y que una esquirla por apenas 15 centímetros no le quitó la vida. Vos estás leyendo esto en un momento en que la seguridad judicial ya no es una preocupación abstracta: es una amenaza concreta.
El ataque en detalle: granada, disparos y huida
Según el relato de Ferrero, la agresión combinó explosión y proyectiles: una granada fue arrojada y se escucharon al menos dos detonaciones.
Los atacantes actuaron desde el exterior; la fiscal describió cómo los vidrios “caían impresionantes” y cómo tuvieron que gritar para pedir ayuda.
Ese tipo de modus operandi —granada más disparos— excede el delito común y sugiere una intencionalidad de causar terror, no solo daño material.
El seguimiento previo: 17 días de vigilancia
Ferrero reveló que fue seguida diariamente 17 días antes del atentado.
Esa vigilancia sistemática indica planificación y capacidad operativa: quienes la atacaron no improvisaron.
Cuando una fiscal de Corte reporta seguimiento prolongado, vos tenés que entender que hay vulnerabilidades en los mecanismos de protección y que la amenaza puede estar más estructurada de lo que las autoridades admiten públicamente.
El mensaje a la institución: terror y desestabilización
La fiscal afirmó que el ataque fue “un mensaje terrorífico a todo el Estado”.
Atacar a un miembro de la Fiscalía no es solo un ataque personal; es una estrategia para desacreditar, intimidar o condicionar el trabajo de la justicia.
Voces expertas sostienen que este tipo de señales buscan inhibir investigaciones clave sobre redes delictivas y generar un clima de autocensura.
El impacto sobre los fiscales y la seguridad judicial
Ferrero fue explícita: “los fiscales están con temor y tienen razón”.
Cuando el personal judicial teme por su vida y la de su familia, la investigación de delitos complejos se enlentece o se vuelve más peligrosa.
Vos deberías saber que la seguridad institucional no es un tema menor: sin fiscales protegidos, el sistema penal pierde fuerza, y eso repercute en toda la sociedad.
Contexto regional: amenazas a fiscales en América Latina
Ferrero mencionó ejemplos regionales: Río de Janeiro, Ecuador, donde fiscales han sido asesinados.
Esa comparación no es retórica: muestra que hay rutas de violencia transnacional que pueden escalar.
En América Latina, la defensa del Estado de derecho suele chocar con organizaciones que poseen logística, financiamiento y experiencia en confrontación directa con el sistema judicial.
Recursos útiles: consultá informes de la Fiscalía General de la Nación y reportes internacionales sobre crimen organizado.
Qué pueden pedir y esperar vos y la ciudadanía
Tras un atentado como este, la población tiene derecho a exigir acciones claras: protección efectiva, investigación transparente y rendición de cuentas.
Medidas inmediatas incluyen refuerzo de vigilancia en domicilios de magistrados, protocolos de evacuación y comunicación directa con las familias afectadas.
Además, la fiscal advirtió sobre una próxima táctica de estas organizaciones: “coimear y amenazar fiscales”, acompañada de videos intimidatorios; vos tenés que exigir que se implementen canales seguros para denunciar y proteger.
Qué pasos urgentes debe tomar el Estado
El Estado tiene obligaciones concretas:
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Protección física a Ferrero y su entorno, con medidas inmediatas y sostenidas.
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Recursos técnicos para investigar el seguimiento y los autores, incluyendo cooperación internacional.
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Políticas preventivas que incluyan inteligencia, control de armas y medidas de corte financiero para desarticular redes.
Es esencial que esas medidas no queden en declaraciones: se necesitan plazos, responsables y resultados verificables.
Conclusión: la justicia en la mira y la necesidad de respuestas
El atentado a la fiscal Mónica Ferrero pone en evidencia una tensión grave entre el Estado de derecho y el crimen organizado.
Vos, como ciudadano, tenés derecho a pedir explicaciones, pero también a exigir acciones que garanticen que fiscales, jueces y sus familias no sean blanco de la violencia.
La pregunta que queda abierta es si las instituciones actuantes estarán a la altura: ¿vamos a ver medidas concretas, rápidas y sostenibles para proteger a quienes defienden la ley?