El conflicto que mantuvo en vilo al sector pesquero por alrededor de 80 días dejó consecuencias económicas millonarias y un reordenamiento de la negociación colectiva. Además, tensó la relación entre actores sindicales, cámaras empresariales y el Estado, con episodios que derivaron en mayor patrullaje en el puerto Capurro y controles de seguridad para evitar incidentes. La controversia estalló en plena zafra, cuando el sindicato reclamó sumar un tripulante que cubriera al capitán durante los descansos, en tanto las empresas advertían por costos y sostenibilidad operativa.
El telón de fondo incluye un antecedente inmediato: entre diciembre de 2023 y abril de 2024, parte de la flota quedó amarrada por falta de rentabilidad, según las empresas. Luego, en mayo-junio de 2024, el sindicato impulsó un conflicto para lograr un 18% de aumento en dólares y consiguió un convenio con cláusula de paz, mientras el Estado otorgó beneficios temporales (reducción de pólizas del Banco de Seguros y facilidades en permisos). De acuerdo con representantes privados, esas mejoras no alcanzaban para cubrir los incrementos salariales pactados.
En mayo de este año, la asamblea del gremio reabrió el diferendo en medio de la zafra con el pedido de tripulación adicional. El Ministerio de Trabajo intentó mediar. Sin embargo, fuentes empresariales señalaron que las propuestas oficiales replicaban los planteos del sindicato, y dejaron de asistir a reuniones, lo que trabó aún más el diálogo. Por otro lado, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) tomó una decisión inusual: anunció unilateralmente el cierre del conflicto por su parte y abrió un reclutamiento propio de tripulantes a través de la web “Uruguay pesca”.
El llamado recibió más de 9.000 postulaciones y alrededor de 400 personas con libreta de embarque. En paralelo, algunas firmas comenzaron a traer marineros de sus países de origen para completar dotaciones. Asimismo, un programa de inteligencia artificial entrevistó y clasificó aspirantes por experiencia, con capacitación prevista para quienes no cumplieran los requisitos. Este movimiento alteró una práctica histórica en la que el sindicato incidía en la conformación de tripulaciones.
La situación escaló el riesgo de fricciones a la hora de los embarques. Las empresas diseñaron planes de seguridad y la Prefectura Nacional Naval intensificó el seguimiento en el área portuaria. En tanto, el Poder Ejecutivo tomó nota del impacto en el empleo y en la seguridad jurídica, puntos sensibles para la inversión. En ese marco, trascendió que un empresario del sector, afectado por pérdidas cercanas a US$ 15 millones, contactó a la embajada española para transmitir su preocupación y pedir gestiones.
A los pocos días, se produjo una reunión en la que participaron el presidente y el secretario de la Presidencia con la conducción de la CIPU. Allí se abrió un canal de diálogo directo con el gobierno para apurar una salida. Ese mismo día, el sindicato de trabajadores del mar (Suntma) aceptó por unanimidad una fórmula del Ministerio de Trabajo destinada a destrabar la situación. Sin embargo, la desescalada fue parcial: las cámaras rechazaron una convocatoria tripartita posterior, al considerar “infructuosas” las gestiones frente a la intransigencia sindical y anunciaron su “nueva travesía” para refundar la pesca nacional.
Mientras tanto, persistieron episodios puntuales. El Solís II, buque congelador de una de las principales empresas del rubro, fue retenido durante cuatro horas hasta acordar la contratación de dos marineros agremiados. Otro barco demoró su salida por un reclamo de aguinaldos; tras negociaciones, zarpó. En los días siguientes, media docena de pesqueros volvieron al mar, algunos con personal reclutado en “Uruguay pesca” y otros con tripulación agremiada.
El conflicto también generó cruces políticos. Desde el movimiento sindical se solicitó al Poder Ejecutivo analizar el retiro de permisos de pesca ante presuntas conductas antisindicales, así como la revisión de subsidios y beneficios al sector. A su vez, el Ministerio de Industria reconoció que la embajada de España expresó su inquietud por la prolongación del conflicto, pero descartó estudiar el retiro de apoyos, resaltando la necesidad de ayudar a la pesca en esta etapa. La Confederación de Cámaras Empresariales siguió el caso de cerca; industrias en conflicto como la lechera y la cárnica observaron con atención por el precedente que pudiera sentarse.
En el frente operativo, la Prefectura reforzó patrullajes, implementó controles con perros antidrogas y detectores de metales en el ingreso al puerto pesquero Capurro, con el propósito de garantizar condiciones seguras para tripulaciones y personal de tierra. Además, los protocolos apuntaron a evitar incidentes durante el embarque y desembarque, momentos de mayor tensión.
El impacto socioeconómico se sintió en varias capas. Primero, en los trabajadores con vínculos formales e informales, incluidos quienes viven de changas alrededor de la actividad: talleres, transporte, barracas, servicios de frío. Segundo, en pymes que dependen del flujo de barcos y de la continuidad de la zafra. Por otra parte, en los hogares de barrios portuarios y ciudades costeras, donde la guita que entra con el laburo del día a día marca si alcanza para la yerba, el pan y la leche. Asimismo, el conflicto reavivó debates sobre seguridad jurídica, negociación colectiva y el equilibrio entre poder sindical y gestión empresarial.
A la fecha, las salidas logradas permiten retomar parte de la operatoria, pero subsisten incertidumbres: la validación de tripulaciones reclutadas fuera del circuito tradicional, la aplicación de acuerdos alcanzados y la eventual judicialización de controversias. En tanto, los mercados y los inversores observan la evolución del clima laboral y regulatorio, claves para sostener empleo y exportaciones. En resumen, el sector pesquero transita una normalización gradual bajo vigilancia institucional, con la expectativa de que los mecanismos de negociación colectiva encaucen diferencias y devuelvan previsibilidad a una actividad estratégica para el país.