En el Parlamento uruguayo, el silencio no es casualidad; es complicidad. Mientras la inmensa mayoría de los legisladores, tanto del Frente Amplio como de los partidos «multicolores», se arrodillan ante las imposiciones de organismos internacionales como la OCDE, la ONU y el Foro de Davos, solo quedan unas pocas voces valientes denunciando la realidad. El doctor Gustavo Salle es una de ellas. Con la claridad jurídica que heredó de su maestro, el inolvidable doctor Enrique Viana Ferreira, Salle ha puesto el dedo en la llaga: la ley 19.580 no es una herramienta de justicia, es una ley perversa, agendista y un mecanismo de disolución familiar diseñado desde el exterior.
La denuncia del diputado Salle es lapidaria y deja en evidencia la falsedad de una clase política que se llena la boca hablando de «soberanía» mientras votan tratados —como el de la Unión Europea y el Mercosur— a puertas cerradas, sin que ni el 1% de ellos tenga la mínima idea de las repercusiones nefastas que generan para el país.
El muro de la indiferencia y la falta de compromiso
La crítica de Salle no es solo hacia afuera, sino también hacia esa ciudadanía que, cuando llega el momento de pasar del reclamo fácil en redes sociales al trabajo técnico y real, se desvanece. Modificar una ley tan multifacética y corrosiva como la 19.580 no es tarea de un día ni se logra con un video viral. Requiere un esfuerzo legislativo titánico, una redacción técnica impecable para evitar vacíos legales y una movilización constante que presione al sistema.
El doctor Salle ha sido frontal: abrió las puertas de su despacho, pidió apoyo, llamó a quienes dicen estar contra esta «ley de género» para que se sumen con trabajo jurídico y técnico. ¿La respuesta? El vacío. El lamento de Salle es el de quien se siente solo en una trinchera, rodeado de legisladores que no tienen el más mínimo interés en modificar una normativa que, precisamente, les fue impuesta desde afuera. Porque eso es lo que el uruguayo debe entender de una vez por todas: esta ley no nació del sentido común ni de las necesidades de nuestras familias; fue impuesta por la agenda globalista que hoy controla los hilos de nuestra política.
La dictadura de lo «agendista»
Lo que explica Salle es, sencillamente, la pérdida de nuestra independencia. Cuando un legislador uruguayo recibe una orden —ya sea por decreto o por presión de las agencias calificadoras— de seguir al pie de la letra los lineamientos de la Agenda 2030, la democracia se transforma en una cáscara vacía. La ley 19.580 es un pilar de esa arquitectura que busca desarticular los valores fundamentales de nuestra sociedad.
Si no hay voluntad política en el resto de los partidos para tocar esta ley, no es por desconocimiento, es por sumisión. Están cómodos dentro del marco que les dictan desde Washington, Bruselas o Ginebra. Mientras tanto, ciudadanos valientes como Gustavo Salle siguen dando la batalla, no por intereses personales, sino porque comprenden, al igual que lo hizo Enrique Viana Ferreira, que si no defendemos nuestra soberanía legislativa y nuestros valores de origen, estamos condenados a que el país se deshaga ante nuestros ojos.
La pregunta que queda flotando para el ciudadano de a pie es: ¿hasta cuándo vamos a permitir que el sistema ignore a quienes denuncian la verdad? La modificación de esta ley perversa exige más que un «me gusta» en Facebook. Exige apoyo a quienes, dentro del Parlamento, no han entregado su dignidad ni su soberanía a los mandatos extranjeros.