El calvario de enfrentar la opacidad del Sucive
En Uruguay nos hemos acostumbrado a pagar y callar, pero la experiencia de Marcos Doglio, un ciudadano que regresó al país tras décadas en el exterior, pone sobre la mesa la opacidad del Sucive. Al intentar entender por qué su vehículo estaba sobreaforado por miles de dólares, Doglio se topó con un sistema diseñado para no dar respuestas. Lo que comenzó como un reclamo administrativo terminó revelando una estructura donde las intendencias, el Congreso de Intendentes y empresas privadas se pasan la pelota sin que nadie firme una resolución clara.
La Falta de transparencia del Suciveno es un error de gestión, sino una característica intrínseca de un modelo que funciona como una «caja negra». El contribuyente queda a la deriva, atrapado en una calesita institucional que incluye a República Afisa y a la empresa Autodata. Cuando se intenta indagar quién decide realmente el valor de un auto, la respuesta es el silencio o la manipulación técnica. Este sistema impide que el ciudadano ejerza su derecho a la defensa ante un tributo que, en muchos casos, parece un impuesto encubierto al patrimonio.
Autodata y la intervención privada bajo la opacidad del Sucive
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el rol de Autodata, una empresa privada que interviene directamente en la fijación de los aforos. Bajo la Oscuridad en la gestión del Sucive, esta firma no solo asesora, sino que incide en la manipulación de valores de compra, venta y seguros. Es inadmisible en una democracia sana que un tercero privado gestione información sensible que determina un tributo público sin que los contratos o las metodologías sean de acceso abierto para la población.
Doglio relató cómo, al intentar contactar a Autodata, recibió evasivas y cortes de teléfono. Esta falta de transparencia es el caldo de cultivo para arbitrariedades donde un mismo vehículo llega a tener hasta cinco precios distintos según quién pregunte. La Carencia de claridad en el Sucive permite que el valor fiscal no baje aunque el auto se deprecie, asegurando una recaudación inflada a costilla del trabajador. Mientras el transporte público no es una alternativa viable para todos, el auto se vuelve una necesidad que el Estado exprime sin piedad.
La negación del acceso a la información pública
La gravedad institucional aumenta cuando el Estado responde a los pedidos de informes con evasivas legales. Marcos Doglio solicitó la tabla técnica completa y el contrato con Autodata amparado en la ley 18.381, pero la respuesta fue lapidaria: la información existe, pero no es accesible. Esta es la máxima expresión del manejo poco transparente del Sucive, donde se le dice al ciudadano que el criterio para cobrarle es un secreto administrativo. Es una violación directa a los derechos constitucionales que nos rigen.
Sentirse solo frente a una maquinaria enorme que te obliga a pagar para quejarte —exigiendo timbres y firmas letradas por el simple hecho de reclamar un error— es humillante. La opacidad del Sucive genera una desafección democrática peligrosa, porque el ciudadano empieza a sentir que el sistema no está para servirlo, sino para saquearlo. Si los números cerraran y la gestión fuera limpia, no habría ningún miedo en mostrar la metodología detrás de cada peso recaudado en las carreteras nacionales.
Un sistema diseñado para evitar el control ciudadano
En definitiva, la estructura del cobro de patentes en Uruguay ha dejado de ser un servicio técnico para convertirse en un sistema de recaudación voraz protegido por la opacidad del Sucive. No se trata de una simple desprolijidad administrativa; es un diseño institucional que impide la luz y el control de la opinión pública. Mientras millones de uruguayos sigan pagando facturas infladas sin saber el porqué, el sistema seguirá gozando de una impunidad que solo beneficia a los que están sentados detrás de los escritorios del fideicomiso.
El caso de Doglio es el espejo de miles de personas que, por falta de tiempo o recursos para pagar abogados, terminan aceptando el sobreaforo como una fatalidad del destino rioplatense. Sin embargo, cuando un sistema público le teme a la transparencia, es porque algo huele muy mal. La luz sobre estas «cajas negras» es la única forma de recuperar un sentido de justicia tributaria que parece haberse perdido entre expedientes electrónicos y respuestas automáticas de una burocracia ciega.
¿Hasta qué punto los uruguayos estamos dispuestos a seguir financiando un sistema que nos oculta las reglas con las que nos mete la mano en el bolsillo?
