El clima en la Comisión Administrativa del Poder Legislativo alcanzó un punto de ebullición técnica y política este jueves. La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, presentó formalmente su ambicioso plan de rehabilitación para el histórico edificio de las Leyes, pero se encontró con un muro de escepticismo por parte de los legisladores de la coalición de gobierno, quienes cuestionan tanto el fondo como la forma de la propuesta
Lo que inicialmente fue anunciado como una inversión de 10 millones de dólares para celebrar el centenario del Palacio Legislativo, se transformó en una disputa de proyecciones financieras. Desde el Partido Colorado, el senador Tabaré Viera lanzó una advertencia lapidaria: según sus asesores, el costo real de la intervención urbana y edilicia propuesta por la vicepresidenta alcanzaría, como mínimo, los 20 millones de dólares
El choque de las planillas: ¿un error de cálculo o falta de transparencia?
La presentación, realizada mediante un soporte visual por el arquitecto Salvador Schelotto y la ingeniera Natalia Castro —asesora de confianza de la vicepresidenta—, fue calificada por los representantes de la oposición como «muy incipiente». El punto más crítico radica en la magnitud de la obra, que no se limita a la restauración del mármol o los techos, sino que pretende una «intervención urbana integral»
Esta visión de Cosse, que arrastra su impronta de gestión ejecutiva desde su paso por la Intendencia de Montevideo, incluye la construcción de un nuevo anexo y la transformación de un tramo de la Avenida General Flores en una zona semipeatonal. Para los blancos y colorados, estas pretensiones no solo desbordan el presupuesto parlamentario, sino que invaden competencias municipales y desvían recursos de áreas críticas como la pobreza infantil
El freno al gasto en consultorías externas
El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien paradójicamente ha sido uno de los mayores impulsores de la conservación del Palacio, lideró el rechazo a uno de los puntos del proyecto: la contratación de la Sociedad de Arquitectos para realizar un relevamiento de espacios. Rodríguez fue tajante al señalar que dicha tarea debe ser realizada por los propios funcionarios del Palacio, evitando así costos innecesarios en consultorías externas
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Rechazo a la contratación de arquitectos particulares para el relevamiento
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Exigencia de diálogo previo con la Intendencia de Montevideo por cambios en el tránsito
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Cuestionamiento a la eliminación de un carril de la Avenida de las Leyes
La oposición bajó el tono respecto a las críticas personales, pero endureció la postura sobre el procedimiento. Rodríguez reclamó que la vicepresidenta haya impulsado la propuesta de manera unilateral, sin un diálogo político previo que garantice el consenso en un edificio que es símbolo de todos los uruguayos
La mayoría del FA y el factor MPP
A pesar de las críticas de la coalición, el proyecto de Carolina Cosse cuenta con un viento a favor reglamentario. La Comisión Administrativa está integrada por siete miembros, de los cuales cuatro responden al oficialismo (La Amplia y el MPP). Esta mayoría aritmética permitiría que el plan avance incluso sin los votos del Partido Nacional y el Partido Colorado
Sin embargo, el apoyo no es un cheque en blanco. La viabilidad del plan depende de una sintonía fina con el Movimiento de Participación Popular (MPP), que también integra la comisión con figuras como Daniel Caggiani. El próximo martes será un día clave: las bancadas del Partido Nacional y los colorados analizarán los documentos entregados por Cosse para definir si presentan una contrapropuesta o si el conflicto se traslada directamente al debate presupuestario nacional