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La sombra del chavismo sigue proyectando nubarrones sobre el campo uruguayo, específicamente sobre el bolsillo de los 1.400 remitentes de la mayor cooperativa láctea del país. La deuda de Venezuela con Conaprole, que asciende a unos US$ 30 millones, se ha convertido en un «clavo» financiero que la administración de Nicolás Maduro dejó como herencia tras los acuerdos firmados en 2015. Mientras el actual ministro de Ganadería, Luis Alfredo Fratti, intenta sacarse el lazo de encima calificando ese dinero como «perdido», los productores lecheros recuerdan que este no fue un negocio entre privados, sino un compromiso avalado por la palabra del entonces presidente Tabaré Vázquez.

Esta situación ha generado una rispidez evidente entre las gremiales y el Poder Ejecutivo. Para los tamberos, la deuda de Venezuela con Conaprole no es un número frío en un balance, sino una pérdida real que impacta en el precio que perciben por cada litro de leche. Según estimaciones de la Agremiación de Tamberos de Canelones, si ese dinero se cobrara, el productor podría estar recibiendo un peso más por litro. En un sector donde los márgenes son cada vez más estrechos y la mayoría son explotaciones familiares, ese peso extra marca la diferencia entre la supervivencia y el cierre definitivo del tambo.

El origen de una farsa diplomática y comercial

Para entender la magnitud de el saldo adeudado, hay que retroceder a julio de 2015, cuando el gobierno de Vázquez anunció con bombos y platillos un acuerdo para exportar 44.000 toneladas de leche en polvo. El pacto, refrendado en Brasilia, buscaba aliviar la escasez de alimentos en el país caribeño antes de sus elecciones parlamentarias. Sin embargo, lo que parecía un mercado seguro y con precios por encima del promedio, terminó siendo una trampa de liquidez. Venezuela, manejada por una Corpovex estatal sin dólares, comenzó a incumplir los pagos de forma sistemática, dejando a la cooperativa uruguaya colgada con los embarques realizados.

Lo que agrava la deuda de Venezuela con Conaprole es que el producto enviado fue diseñado específicamente para las exigencias del régimen de Maduro. Se trataba de leche en polvo con vitaminas agregadas, una especificación técnica que dificultó enormemente su reubicación en otros mercados internacionales cuando el pago venezolano dejó de llegar. Conaprole tuvo que salir a pedir créditos millonarios al Banco República y al Santander para cubrir el bache financiero, préstamos que hasta el día de hoy, ya entrado el 2026, los productores siguen pagando de su propio lomo.

La interna del MGAP y la bronca de los productores

Las declaraciones recientes del ministro Fratti cayeron como un balde de agua fría en el sector lácteo. Al sugerir que la obligación pendiente de Venezuela con Conaprole es un asunto cerrado y sin retorno, el jerarca desató la indignación de referentes como Justino Zabala y Álvaro Quintans. Las gremiales sostienen que el Estado uruguayo tiene una responsabilidad ética y política, ya que el negocio se concretó bajo el paraguas de un acuerdo bilateral. No fue una aventura comercial aislada de la cooperativa, sino una estrategia de Estado que terminó perjudicando a la «espalda» de 1.400 familias productoras.

Mientras empresas más pequeñas como Calcar, Claldy o la desaparecida Pili lograron cobrar parte de sus envíos —presuntamente gracias a intermediaciones políticas—, la mayor parte de la compromiso financiero de Venezuela con Conaprole sigue en el limbo. El perjuicio es estructural: ese dinero fue pasado a pérdidas y provisionado, lo que disminuyó directamente las ganancias repartibles entre los socios. Es una herida financiera que sangra cada vez que se analiza el costo de producción y los intereses de los préstamos que aún pesan sobre las cuentas de la cooperativa en la plaza financiera local.

Un futuro de esperanza o de nuevas mentiras

A pesar del pesimismo del MGAP, en el sector lácteo hay quienes ven una luz al final del túnel. Los recientes cambios políticos en Venezuela y la presión internacional de figuras como Donald Trump sobre el mercado petrolero podrían abrir una ventana para renegociar la cuenta impaga de Venezuela. Uruguay ha sido un proveedor natural de lácteos para los venezolanos desde mucho antes de la llegada de Hugo Chávez, y la necesidad de alimentos en el país caribeño sigue siendo crítica. El cambio de aire en Caracas podría ser la clave para que, por vía diplomática o comercial, esos US$ 30 millones regresen a los tamberos uruguayos.

Actualmente, Conaprole mantiene acciones judiciales en curso para intentar resarcirse del daño económico sufrido por este acuerdo fallido. La cooperativa no tiene la capacidad financiera de absorber una pérdida de esta magnitud sin que afecte su competitividad global. El sector lácteo uruguayo, que exportó casi US$ 1.000 millones en 2025, sigue mirando a Venezuela como un mercado con potencial, pero la lección está aprendida: las promesas de la izquierda regional no pueden ser la base de una estrategia comercial seria.

¿Es aceptable que el Estado uruguayo se lave las manos ante un negocio que él mismo impulsó, dejando a los tamberos pagando las cuentas de un dictador extranjero?