Las dinámicas de movilidad urbana en el norte del país ingresaron en una fase de discusión regulatoria que promete modificar el mapa del tránsito local. El intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, firmó y elevó a la Junta Departamental un Proyecto de Decreto que apunta de forma directa a legalizar y ordenar el transporte por aplicaciones en Salto. El documento técnico, estructurado en 33 artículos específicos, quiebra un período de indefinición normativa y busca encauzar una realidad tecnológica que ya opera de hecho en las calles salteñas.
En los despachos del Palacio Córdoba entienden que la prohibición lisa y llana dejó de ser una herramienta eficaz frente a los hábitos de consumo de los ciudadanos. La exposición de motivos elaborada por el equipo de asesores del Ejecutivo comunal enfatiza que el Estado departamental no puede permanecer indiferente ante las transformaciones digitales que reconfiguran el día a día de la población, asumiendo que la fiscalización es la única vía real para garantizar la integridad de los pasajeros.
Los detalles del articulado y las exigencias de control
El texto normativo que ya analiza la comisión de legislación de la Junta Departamental procura establecer un piso de igualdad de condiciones con respecto al servicio tradicional de taxímetros. El marco legal prevé la creación de un registro oficial de plataformas y conductores autorizados, lo que permitirá a la Dirección de Tránsito identificar los vehículos que prestan servicios bajo esta modalidad y erradicar las redes informales de traslado que proliferaron en los últimos meses en grupos de mensajería instantánea.
La letra chica del proyecto impone obligaciones fiscales y de seguridad vial que los prestadores deberán cumplir de forma obligatoria para evitar el secuestro de las unidades. Entre los puntos principales del decreto se destacan la obligatoriedad de contar con seguros de responsabilidad civil específicos para pasajeros, la verificación técnica vehicular periódica y el pago de un canon por cada viaje concretado dentro de los límites del departamento, fondos que la administración planea volcar a la mejora de la infraestructura vial urbana.
Utilidad social y el impacto en la nocturnidad salteña
El fundamento político y sociológico del proyecto va más allá de la mera recaudación o el ordenamiento del parque automotor. La gestión de Albisu introdujo en la argumentación del decreto el concepto de «utilidad social», vinculando de manera estrecha la disponibilidad de plataformas tecnológicas con las políticas públicas de prevención de siniestros de tránsito, especialmente en los entornos de esparcimiento nocturno de la Costanera y la zona céntrica.
El transporte irregular avanza donde el sistema formal no llega a cubrir la demanda. Regular las plataformas nos permite cuidar al usuario y sumar herramientas clave para sostener la política de tolerancia cero al alcohol al volante», explicaron fuentes vinculadas a la redacción del texto legal.
El debate que se inicia en el legislativo departamental promete registrar cruces intensos con las gremiales de taxistas locales, quienes observan con recelo la llegada formal de la competencia digital. Desde el Ejecutivo insisten en que el transporte por aplicaciones en Salto no busca desplazar al taxi ni al servicio de ómnibus municipales, sino constituirse como un complemento necesario para asegurar que un ciudadano que consumió bebidas alcohólicas en una cena o salida nocturna cuente con una opción de regreso rápida, segura y accesible a su domicilio, disminuyendo los índices de siniestralidad en la vía pública.