Lo que se vendió como la obra del siglo para la capital uruguaya terminó en un cajón de escritorio. El Túnel 18 de Julio Montevideo ya no va más. Según las declaraciones del presidente Yamandú Orsi este martes, el gobierno ha decidido dar marcha atrás con el soterramiento de la avenida principal, una noticia que para muchos sectores de la sociedad no es una sorpresa, sino la confirmación de que el plan carecía de pies y cabeza desde su origen.
De acuerdo con diversas fuentes políticas, este repliegue no responde a una iluminación técnica repentina, sino al temor de enfrentar una revuelta cívica en un año donde la gestión pública está bajo la lupa constante.
El impacto financiero: ¿Era el Túnel 18 de Julio Montevideo un gasto justificable?
El costo estimado del soterramiento, que según los informes preliminares rondaba los 590 millones de dólares, se volvió una mochila demasiado pesada para el Ejecutivo. Sectores de la oposición alegan que enterrar tal cantidad de dinero para que los ómnibus ganaran apenas unos minutos de viaje era, según sus palabras, un «delirio faraónico».
La «retirada estratégica» de Yamandú Orsi
El mandatario habría señalado que, si bien la obra subterránea presentaba ventajas de velocidad, la nueva solución «en superficie» ofrece otros beneficios. Para los críticos más punzantes, este cambio de discurso es una confesión de que el proyecto original era un lujo que el país no podía permitirse. Se sospecha que el riesgo de dejar una deuda eterna en las arcas de la Intendencia y el Gobierno Central fue el verdadero motor de la cancelación.
Roque García y la pulseada que dobló el brazo oficial
Si hay un actor que se adjudica esta «victoria» es el coronel retirado Roque García. Como líder del movimiento «Recuperar Montevideo», García fue la voz que más fuerte resonó contra lo que denominó un «atentado al centro comercial de la ciudad.
La amenaza de la recolección de firmas
Según se reporta desde el entorno de la Coalición Republicana, García no solo se limitó a la queja mediática. Se asegura que la amenaza real de iniciar una recolección de firmas para someter la obra a una consulta popular fue lo que terminó de poner nerviosos a los organismos internacionales de crédito. Ante la posibilidad de que el financiamiento quedara trabado por una disputa legal y social, Orsi habría preferido evitar el choque directo.
El impacto en el Centro: ¿Quién paga los platos rotos?
Durante meses, los comerciantes de la avenida principal vivieron bajo la sombra de la incertidumbre. Según denunciaron varios colectivos de la zona, la mera mención de años de obras, polvo y desvíos ya estaba afectando el valor de los alquileres y la inversión privada.
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Comercios en riesgo: De haber avanzado, la obra habría implicado el cierre temporal de tramos clave del corazón comercial.
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Caos logístico: Se preveía un colapso en las calles paralelas que, según técnicos independientes, no estaban preparadas para recibir el flujo de transporte desviado.
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Dudas urbanísticas: Se cuestionaba si una avenida «enterrada» no terminaría por degradar aún más la vida social en la superficie.
¿Y ahora qué? El «parche» de la superficie
Con la iniciativa bajo tierra descartada, el gobierno ahora promociona una reforma de carriles exclusivos y buses articulados. Sin embargo, este «Plan B» no está exento de sospechas. ¿Es realmente una solución pensada para el ciudadano o un «premio consuelo» para no admitir que se quedaron sin ideas?
El misterio de las consultorías previas
Una de las críticas más feroces que circula en las redes y en los pasillos legislativos tiene que ver con el dinero que ya se habría gastado. Se alega que se destinaron sumas considerables a estudios de factibilidad, renders publicitarios y misiones técnicas para un proyecto que hoy se admite como inviable. La pregunta que flota en el aire es: ¿quién se hace responsable de esos fondos públicos que terminaron en un render de oficina?
Conclusión: Entre el relato y la realidad
La caída del plan subterráneo deja en evidencia una forma de gestionar que, según sus detractores, prioriza el anuncio rimbombante sobre la ejecución seria. Se vendió una revolución del transporte y se terminó comprando pintura para carriles. Para el ciudadano común, queda la sensación de que se evitó un desastre económico mayor, pero el problema de fondo —un transporte público lento, caro y deficiente— sigue intacto.
El destino del proyecto en 18 de Julio es un recordatorio de que, cuando la presión ciudadana se organiza, los caprichos del poder tienen un límite. Según los hechos recientes, Montevideo se salvó de una obra que prometía ser una herida abierta en la ciudad, pero el costo de la indecisión política lo seguimos pagando todos.