Cesáreas en Uruguay es hoy el reflejo de un sistema de salud que ha mercantilizado el nacimiento, ignorando sistemáticamente las recomendaciones de los organismos internacionales y la fisiología humana. Por tercer año consecutivo, los datos preliminares del Ministerio de Salud Pública (MSP) confirman una tendencia nefasta: en Uruguay nacen más niños por cirugía mayor que por parto vaginal. Esta cifra, que no deja de aumentar, cuadruplica la tasa del 15% recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dejando al descubierto la ineficacia de las metas asistenciales y una preocupante falta de control sobre los prestadores, principalmente en el ámbito privado.
Según consigna el periodista Tomer Urwicz, el aumento de estas intervenciones no responde a una necesidad médica real, sino a una «inefectividad en las estrategias a escala país». Mientras el mundo avanza hacia el parto humanizado, Uruguay se hunde en una medicalización extrema donde la cesárea es más la norma que la excepción. En algunas mutualistas privadas, los niveles de intervención rozan el 80%, transformando un proceso biológico natural en una operación programada por conveniencia de agenda, miedo a la judicialización o una malinterpretada «solicitud materna» para evitar el dolor.
La alarmante normalización de las cesáreas en Uruguay
La gravedad de la situación radica en que el cesáreas en Uruguay ha dejado de ser un recurso de emergencia para convertirse en una práctica defensiva. Un documento publicado por la unidad académica Ginecotológica B del Hospital de Clínicas advierte que existe un incremento de cirugías sin indicación médica, motivado por un imaginario social que percibe a la operación como el método «más seguro». Esta percepción es rotundamente falsa: la evidencia científica internacional sostiene que las cesáreas injustificadas implican mayores costos para el sistema y, lo que es peor, un incremento en la morbimortalidad materna y perinatal.
El profesor Claudio Sosa destaca que este fenómeno ocurre incluso en pacientes con gestaciones de bajo riesgo que, antes de llegar al término, ya tienen programada su cirugía. La sociedad uruguaya parece haber desarrollado una fobia al proceso natural del parto, influenciada por un sistema que fragmenta el trabajo de los profesionales. En muchas maternidades del país, las instituciones funcionan meramente como hoteles de internación donde el médico prioriza la velocidad del bisturí sobre el tiempo de espera que requiere un parto vaginal respetado y seguro.
El análisis sociológico del miedo al dolor
El sociólogo Pablo Hein, investigador de los comportamientos sociales frente al sufrimiento, encuentra puntos en común entre el aumento de las cirugías y el miedo al futuro. Hein señala que en la sociedad uruguaya moderna el sufrimiento ha empezado a asociarse a algo que todavía no aconteció, como un «miedo a golpearse». Esta mentalidad lleva a que muchas mujeres descarten el parto vaginal por temor a una experiencia que ni siquiera han pasado, optando por una cirugía mayor que, paradójicamente, conlleva un postoperatorio mucho más doloroso y riesgoso.
Un sistema que castiga la fisiología
A pesar de que Uruguay cuenta con más parteras, mejores controles de embarazo y tecnología de punta, las tasas de cesáreas no bajan. El MSP ha establecido metas asistenciales cualitativas que incentivan la baja de estas intervenciones, pero los resultados demuestran que son insuficientes. El nudo crítico se encuentra en la inducción del parto y las cesáreas programadas, grupos que han superado en porcentaje al parto espontáneo en menos de 15 años. La falla no es técnica, es política y ética: el sistema no garantiza anestesia de guardia ni analgésicos sin costo en todas las maternidades, empujando a las mujeres hacia el quirófano como única alternativa al dolor.
La fragmentación de la atención médica es incompatible con cualquier estrategia de reducción de daños. Mientras los prestadores de salud sigan cobrando metas por procesos que no auditan rigurosamente, el nacimiento en Uruguay seguirá siendo un acto quirúrgico despojado de su naturaleza humana. El Estado debe intervenir de manera directa sobre aquellas instituciones que ostentan tasas de cirugía del 80%, pues detrás de cada intervención innecesaria hay un riesgo evitable para la madre y el recién nacido que el país no puede seguir ignorando.