Justicia ratificó la prisión para los dueños de whiskerías por trata de personas en Uruguay
La Justicia uruguaya dio un paso firme en la lucha contra el crimen organizado al confirmar la imputación con prisión preventiva para los propietarios de dos conocidos locales nocturnos. El Tribunal de Apelaciones de 1er Turno rechazó los recursos presentados por las defensas, manteniendo tras las rejas a la pareja dueña de los establecimientos y a una de sus encargadas. La investigación, que se enmarca en un alarmante caso de trata de personas en Uruguay, reveló una trama de explotación sexual, venta de drogas y amenazas que conmocionó al departamento de Montevideo.
La operación, coordinada a nivel internacional por Interpol, permitió desarticular una red que operaba bajo la fachada de whiskerías registradas ante la comuna capitalina. Según consta en el expediente, los locales denominados «Reinas de la noche» y «Gitanas» eran el epicentro de actividades ilícitas donde se sometía a decenas de mujeres. El fallo judicial subraya la gravedad de la situación, vinculando directamente el accionar de los acusados con delitos de proxenetismo y suministro de estupefacientes en un contexto de vulnerabilidad extrema.
Detalles de la operativa de trata de personas en Uruguay
El funcionamiento de estos locales no se limitaba únicamente a la actividad nocturna convencional. De acuerdo con las pruebas recabadas por la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6to Turno, los imputados ejercían un control férreo sobre las trabajadoras. La mujer de la pareja figuraba como la titular ante la Intendencia de Montevideo (IMM) y gestionaba los aspectos administrativos, siendo apodada por las víctimas como «la de recursos humanos. Sin embargo, su rol iba mucho más allá de la gestión burocrática de las planillas.
El hombre, por su parte, era el encargado de la disciplina y el control operativo diario. Las investigaciones mediante interceptaciones telefónicas, que datan desde 2022, revelaron un trato intimidatorio constante. En una de las escuchas, se detectó una amenaza explícita de «darle un cuetazo» a una de las mujeres que intentó abandonar el local. Este tipo de violencia estructural es una de las marcas más claras de la trata de personas en Uruguay en su modalidad de explotación sexual comercial.
Menores de edad y la conexión con Perú
Uno de los puntos más sensibles del caso radica en el hallazgo de cuatro menores de nacionalidad peruana durante los allanamientos realizados en las propiedades de la pareja. Los imputados ya estaban bajo la lupa de las autoridades en Perú por presunta trata de niños, motivo por el cual habían dejado de viajar a dicho país recientemente. La defensa alegó que los menores eran hijos biológicos bajo un proceso de subrogación de vientre o que existía la intención de adoptarlos, pero las sospechas de la Justicia siguen firmes.
Durante las intervenciones policiales en Montevideo, se rescataron a casi 60 personas que ahora reciben asistencia por parte de la Unidad de Víctimas de Fiscalía. El Tribunal de Apelaciones hizo especial énfasis en que mantener la prisión preventiva es la única forma de garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas. El riesgo de entorpecimiento de la investigación es alto, dado que los dueños de las whiskerías mantenían un poder de coacción significativo sobre quienes podrían declarar en su contra.
El rol de la droga en la trata de personas en Uruguay
La sentencia detalla que la comercialización de estupefacientes era un pilar fundamental para sostener el ritmo de explotación en los locales. En la casa de los dueños se incautaron 50 dosis de cocaína, sustancia que también se distribuía dentro de las whiskerías. El objetivo, según los testimonios, era que las mujeres «rindieran más» en sus turnos. Se registraron casos donde las víctimas llegaron a trabajar 24 horas consecutivas, divididas en tres turnos seguidos, bajo el efecto de estas sustancias.
Además del suministro de drogas, la red de trata de personas imponía un sistema de multas y retenciones económicas abusivas. Los dueños se quedaban con el 50% de lo generado por cada trabajadora, incluyendo las consumiciones de alcohol. A esto se sumaban cobros arbitrarios por conceptos de limpieza, a pesar de que eran las propias mujeres quienes debían encargarse del mantenimiento del lugar. Este esquema de servidumbre por deuda y control total es característico de las organizaciones criminales modernas.
Medidas cautelares y el futuro de la causa judicial
Mientras la pareja y una encargada permanecen en prisión, otras tres mujeres involucradas en la gestión de los locales esperan el juicio bajo arresto domiciliario. La jueza de Crimen Organizado de 2do Turno, Diovanet Olivera, argumentó que la gravedad del daño social y el riesgo de fuga justifican plenamente la reclusión de los principales responsables. Los abogados defensores habían apelado argumentando que la mujer de la pareja solo «administraba» sin conocer los detalles internos, pero el Tribunal desestimó esta versión por considerarla poco creíble dada su participación en los registros y transferencias.
La investigación continúa abierta y se espera que el análisis de los dispositivos electrónicos incautados arroje más luz sobre posibles conexiones con otras redes internacionales. La clausura definitiva de los locales «Reinas de la noche» y «Gitanas» marca un hito en la persecución de estos delitos en la capital. La sociedad uruguaya observa con atención cómo se resuelven estos casos que vulneran los derechos humanos más básicos en pleno centro de nuestras ciudades.
¿Es el sistema actual de habilitaciones comerciales suficiente para detectar de forma temprana estos casos de explotación antes de que las redes se consoliden?