El primer ministro Kyriakos Mitsotakis presentó un paquete fiscal de 1.600 millones de euros que incluye recortes impositivos y medidas dirigidas a fomentar la natalidad y atraer población a zonas menos pobladas. El paquete, que el gobierno describe como la reforma fiscal más ambiciosa de las últimas décadas, entrará en vigencia en 2026 y apunta a aliviar la carga sobre hogares con hijos.
Entre las medidas más destacadas figura una reducción de dos puntos en varios tramos del impuesto sobre la renta y la creación de exenciones fiscales para familias con cuatro o más hijos y bajos ingresos. Además, se contempla alivio impositivo para jóvenes y ajustes en la estructura de tramos que buscan aliviar la presión sobre la clase media.
El Gobierno anunció también beneficios específicos para residentes de áreas rurales y poblaciones de menos de 1.500 habitantes, junto con la exención del impuesto sobre bienes inmuebles en zonas de difícil acceso para fomentar el traslado y la radicación de jóvenes. La intención oficial es combinar incentivos fiscales con políticas de vivienda más accesible en municipios pequeños.
Mitsotakis justificó las medidas en la necesidad de responder a una crisis demográfica: Grecia registra una tasa de fertilidad de 1,4 hijos por mujer y proyecciones que apuntan a una fuerte caída poblacional hacia 2050 si no se cambia la tendencia. Las cifras, y el diagnóstico gubernamental de la demografía como riesgo para el futuro económico, fueron eje de su discurso.
El ministro de Finanzas subrayó que la fertilidad se redujo a la mitad desde el inicio de la crisis económica y que la reforma tiene como prioridad revertir ese fenómeno, por lo que el paquete otorga puntos fiscales y beneficios que varían según la composición familiar. Analistas económicos reconocen que las medidas alivian la presión inmediata, aunque advierten que la respuesta demográfica requiere políticas de mediano plazo más amplias.
En el anuncio se incorporaron además medidas específicas para jóvenes y trabajadores de menor edad, con nuevos tipos impositivos reducidos en ciertos tramos y beneficios por incorporación laboral, todo con el objetivo de contener la emigración de la población más joven. El Ejecutivo relaciona la posibilidad de aplicar estas medidas con la mejor recaudación y el crecimiento observado en los últimos ejercicios.
La propuesta provocó reacciones contrarias en sectores críticos que reclaman mayor foco en salarios y empleo estable, y la discusión política llega con el Gobierno enfrentando desgaste en la opinión pública. Desde el oficialismo, en tanto, defienden que la reforma es sostenible y compatible con disciplina fiscal, mientras que la sociedad civil y la oposición piden más medidas integradas de vivienda y empleo juvenil.
En términos prácticos, el impacto dependerá del detalle técnico que fije la normativa definitiva—tramos, topes y condiciones de las exenciones—y de la capacidad del Estado para transformar incentivos fiscales en cambios reales en las decisiones de fertilidad y asentamiento. El año 2026 será la primera prueba real de la medida y, según el gobierno, marcará el rumbo demográfico y económico para la próxima década.